Creado el Miércoles, 22 de Mayo del 2013 04:17:51 pm

Dicha marcha tiene como objetivo rechazar la sentencia del Tercer Juzgado Unipersonal Penal del Santa que condenó al decano del Colegio de Abogados del Santa, Sabino Ponce Roso, a la pena privativa de la libertad de un año y por el supuesto delito de difamación agravada, cuando lo que hizo el decano fue haber opinado y criticado la función del presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Judicial del Santa, persona cuya conducta ha sido cuestionada no solo mediante el referéndum de los abogados, sino por la prensa local y hace poco por la prensa nacional.

Volviendo al tema judicial, la jueza Susana Quispe basó su fallo en el hecho afirmativo de haberle dicho “corrupto” el decano de los abogados al presidente de la Junta de Fiscales, Dante Farro, cuando eso no es cierto, ya que, de acuerdo a la expresión, nunca hubo dicha afirmación, sino una creencia y una opinión sobre la función del referido fiscal.

Aun más, no solo existe un pleno jurisdiccional que le otorga una mayor protección al derecho a opinión y crítica por encima del derecho al honor en el caso de los funcionarios públicos; además existen sentencias en las que la Sala Penal Suprema ha ponderado entre el derecho a la opinión y la dignidad, dándole un mayor valor al derecho de opinión cuando se hace contra un funcionario público, siempre que no se lesione el aspecto íntimo de la persona.

En el presente caso, el decano de los abogados dentro del contexto de la expresión nunca ha herido ni dañado el ámbito íntimo o familiar del señor Farro. Por el contrario, se supone una presión política que podría haber influido en el fallo, y eso sí es indignante, no tolerable.

Por dicho motivo, el colectivo considera que es necesario solidarizarse con el decano de los abogados por haber abanderado la lucha contra la corrupcion en todos los ámbitos y espacios.

Desde esta tribuna quiero agradecer a los abogados y personas que vienen impulsando esta marcha en solidaridad a mi persona. Particularmente, pienso que en una sociedad democrática donde la sociedad civil es el control social y fiscalizador de los actos de sus gobernantes o autoridades, estos no deben sentirse aludidos si no tienen conductas contrarias a la legalidad y a la verdad; por el contrario, deben demostrar con resultados la labor que realicen y que demuestren todo lo contrario a la crítica que se les haga.

Sin embargo, eso no pasa ahora. Por dicho motivo, la condena impuesta al decano huele a presión política y, tal vez, a una situación dirigida a mellar la imagen e impedir que el decano de los abogados siga alzando la voz sin medias tintas y hablando claro contra toda aquella autoridad que por su conducta y hechos avergüenzan a nuestra ciudad.

No podemos aceptar ni avalar que la prensa nacional describa nuestra realidad como una sociedad violenta y corrupta. Chimbote no se lo merece, ni menos Áncash. Por ello marchemos el jueves por solidaridad y justicia no solo para Sabino, sino justicia para todos.

Sabino Ponce Roso

Decano del Colegio de Abogados del Santa

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