Creado el Miércoles, 12 de Diciembre del 2012 04:17:32 pm

Eso, sin duda, demuestra pérdida de control político, desgaste presidencial y falta de capacidad para resolver el problema de la inseguridad ciudadana en la región Ancash.

El estado de emergencia es un régimen de excepción establecido en el artículo 137º, que faculta al Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, decretar por un plazo determinado en todo el territorio o parte de él y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, el estado de excepción.

En el caso del estado de emergencia, se da cuando se perturba la paz o el orden interno, en situación de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Lógicamente durante dicho estado se suspende o limita algunos derechos constitucionales como las garantías a la libertad y seguridad personal, a la inviolabilidad de domicilio, a la libertad de reunión y libre tránsito.

Entonces, nos preguntamos: ¿acaso estamos viviendo una situación insostenible de perturbación de la paz y del orden interno? Creo que no. Lo que sucede es que las autoridades que nos gobiernan no tienen la voluntad política de tomar acciones concretas y, junto a la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder Judicial, combatir la corrupción y el sicariato. Y eso hace pensar mal a la población, porque muchos suponen que tras las muertes estarían las autoridades políticas por la ambición de continuar en el poder, lo cual es grave.

Más aun, la población desconfía de la PNP, el MP y el Poder Judicial, porque nos estamos convirtiendo en una ciudad de la impunidad. Y eso es un mal precedente, motivo por el cual ni las autoridades ni los ciudadanos comunes estamos libres de ser víctimas de una bala asesina o una bala perdida. Es hora de que las autoridades reflexionen y busquen soluciones concretas y conjuntas con la población civil.

¿Por qué no poner en práctica las rondas urbanas a través de las juntas vecinales? Ese sería un mecanismo alternativo de control y seguridad ciudadana. ¿Por qué no implantar un registro de denuncias anónimas con protección de testigos y pago de recompensas? Esas alternativas son posibles y ayudarían a solucionar gran parte del problema.

Pero, como quiera que estamos viviendo una situación de violencia política donde al que piensa y opina distinto al gobernante oficial se le trata como enemigo, la población reacciona porque ya se cansó de tantas muertes.

Por dicho motivo las organizaciones civiles y representativas de nuestra ciudad estamos convocando a una Marcha contra la Corrupción y la Impunidad por primera vez en nuestra historia para exigir que las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, así como la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno que tiene que ver con la seguridad ciudadana, vengan a sesionar a nuestra ciudad, escuchar a la población sobre los problemas de inseguridad, corrupción y las alternativas de solución.

Luego, si no se resuelve el problema y las autoridades no asumen sus compromisos y funciones, entonces pediremos y avalaremos un estado de emergencia a fin de que, por un breve periodo, la fuerza armada demuestre a la policía cómo se trabaja sin tanta logística ni aspaviento, sino con decisión y presencia de autoridad.

Por ahora la sociedad civil organizada es capaz de resolver los problemas solo si las autoridades se despojan de sus poses electoreras y de su entorno de corrupción. Solo así se podrá garantizar un estado de paz y tranquilidad, de lo contrario será inevitable el estado de emergencia.

Sabino Ponce Roso

Decano del Colegio de Abogados del Santa

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