Creado el Viernes, 16 de Noviembre del 2012 03:10:03 pm

En nuestro Informe Defensorial Nº 141, “Hacia una descentralización al servicio de las personas: recomendaciones en torno al proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales”, hemos señalado que [el proceso de descentralización] puede lograr un impacto real y positivo en la calidad de vida de las personas en el ámbito nacional.

La transferencia de competencias y funciones a los gobiernos subnacionales constituye una de las etapas más relevantes del proceso de descentralización, pues implica el traslado de responsabilidades y facultades que los Gobiernos Regionales y Locales, en ejercicio de su autonomía política, económica y administrativa deberán gestionar de manera eficaz y eficiente, en beneficio de la población y del desarrollo regional y local, articulado al desarrollo nacional.

De este modo, la descentralización constituye una de las más importantes posibilidades de explorar una modernización del sistema penitenciario y afianzar la seguridad ciudadana. No es posible enfrentar eficazmente la inseguridad ciudadana sin adoptar medidas de prevención (de delito) que contribuyan a evitar que las mismas se cometan o se repitan. Esto implica actuar sobre los entornos sociales que favorecen la criminalidad.

Las cárceles, con el hacinamiento, sobrepoblación, deficiente infraestructura, entre otros aspectos neurálgicos que muestran varios penales en las regiones, entre ellas la nuestra, se vienen convirtiendo en focos de criminalidad y delincuencia. Esta situación sin embargo se puede superar mediante la coordinación de esfuerzos, derivando recursos humanos, materiales y financieros encaminados a establecer relaciones de cooperación técnica interinstitucional que tengan por finalidad desarrollar acciones que permitan el mejoramiento de las condiciones de detención y el logro de los fines de las instituciones penitenciarias.

A consideración de la Defensoría del Pueblo, sería muy importante que se explore la posibilidad de instalar en la agenda política de los gobiernos regionales el tema penitenciario, sea a través de convenios de gestión, mediante programas mutuo de amplia colaboración o de coadyuvar en mejorar los estándares de eficiencia y eficacia de los penales ubicados en sus respectivas regiones para conseguir que éstos persigan su fin (función preventiva), y que la cárcel sea un componente útil y eficaz en una política integral regional de seguridad ciudadana. Una oportunidad para encaminar este proceso se presenta en la próxima elaboración del Plan Regional y local de seguridad ciudadana 2013.

Para tales propósitos, la actual gestión de la administración penitenciaria debería, en primer término, fijar las grandes líneas de una reforma penitenciaria y a partir de estos lineamientos podría coordinar con los directores regionales de la administración penitenciaria a fin de elaborar informes de situación de los establecimientos penitenciarios identificando las necesidades urgente e importantes que requiere cada uno de ellos.

En una segunda etapa, buscar un acercamiento institucional, liderado por la Presidencia del Consejo Nacional Penitenciaria, con las autoridades regionales para, en punto a fortalecer la seguridad ciudadana, exponer el estado de situación y los proyectos de inversión de cada establecimiento penitenciario a fin de concertar una posibilidad de involucramiento de los Gobiernos Regionales en el mejoramiento de los establecimientos penitenciarios.

En el marco de lo señalado, podrían derivarse un conjunto de líneas de acción de los gobiernos regionales, las mismas que deben ser compatibles con las líneas generales contenidas en las políticas penitenciarias del INPE.

En un intento de identificar algunas acciones conjuntas podemos señalar las siguientes:

• Acciones en materia de sobrepoblación.
• Acciones en materia de infraestructura.
• Acciones en materia de capacitación de recursos humanos (cultura legal, salud y gestión penitenciaria, entre otros).
• Acciones en materia de seguridad penitenciaria.
• Acciones en materia de tratamiento penitenciario.

La propuesta de una política penitenciaria regional puede entenderse, a partir del principio de subsidiaridad que guía un proceso de descentralización, como un conjunto de acciones, con un enfoque regional, dirigidas a coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, así como de la garantía de otros valores y bienes que subyacen en el funcionamiento de un establecimiento penitenciario como es el tratamiento penitenciario y la seguridad penitenciaria como componentes claves de la seguridad ciudadana en la región.

Roslin Villanueva Ramírez

Coordinadora del Módulo de Atención Defensorial de Chimbote

Defensoría del Pueblo de Chimbote

Escuche la versión radial de LA COLUMNA DEL DÍA:

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