Hace exactamente un año la población de varios países de América Latina rompía la pasividad social y política, y salía públicamente a expresar su descontento en calles y plazas. No solamente se agitaban las protestas en la convulsa Venezuela, sino también en Colombia, Nicaragua, Ecuador, Chile y Bolivia.
A muchos llamó poderosamente la atención el estallido de la crisis en Chile, país que en diferentes foros internacionales hacía gala del éxito de sus resultados macroeconómicos y al que muchos consideraban un modelo de crecimiento y estabilidad en América Latina.
Sin embargo, el desborde social, saqueos en los supermercados, quema de estaciones del metro y una de las marchas multitudinarias que congregó a un millón y medio de chilenos y chilenas en torno a la Plaza Italia de Santiago fue la expresión de indignación que puso en evidencia la profundidad del descontento social acumulado por décadas, donde los beneficios alcanzaban principalmente a los grupos empresariales y muy poco o nada a los más pobres de los barrios y de las zonas rurales.
Para un amplio sector de la población, la Constitución de 1980, considerada una herencia de la dictadura de Pinochet, era la madre de las desigualdades de Chile. Si bien la Carta Magna no establece la privatización de sectores básicos, como la salud o la educación, fomenta la participación privada y reduce el tamaño del Estado. El movimiento popular que impulsó el referéndum, que luego fue apoyado por la mayoría de partidos políticos, tuvo de protagonista a una ciudadanía cansada de las injusticias y de la desigualdad.
El reciente domingo 25 de octubre los chilenos, a pesar de la emergencia sanitaria y de la condición de voluntarias de las elecciones, salieron a votar masivamente en el plebiscito, decidiendo por abrumadora mayoría modificar la Constitución. Según los resultados oficiales, la opción “Apruebo” elaborar una nueva Constitución consiguió el 78% de los sufragios y solo un 22% estuvo en contra.
Asimismo, al preguntarse “qué órgano debiera redactar la Nueva Constitución”, el 79% optó por una Convención o Asamblea Constitucional, integrada por 155 personas que serán elegidas el 11 de abril de 2021, cuya tarea será elaborar el texto de la nueva Carta Magna.
El pueblo chileno, con los resultados del plebiscito, está iniciando una nueva etapa social y política que se debe refrendar en una nueva Constitución.
El Perú y América Latina tienen el reto de impulsar procesos democráticos reales, donde la población organizada y los más humildes no sean convidados de piedra. Ya es tiempo de pensar en una reforma integral o en una nueva Constitución.
La pandemia ha vuelto a demostrar que el modelo, que solo privilegia las ganancias desmedidas y el libre mercado, ha fracasado. En el presente y en el futuro es imperativo un sistema de desarrollo integral que impulse equilibradamente el desarrollo social, el desarrollo económico y el cuidado del ambiente o la casa común. Si el Perú sigue de espaldas a los cambios, más temprano que tarde la población organizada pondrá las cosas en su sitio.
* Gabriel Mejía Duclós es ingeniero agrícola con especialización en ingeniería de recursos agua y tierra, 25 años de experiencia en gerencia y dirección de instituciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo social, económico y gestión ambiental, ex candidato a la Gobernación Regional de Áncash.
