Creado el Miércoles, 31 de Julio del 2013 06:12:42 pm

Otro aspecto positivo son las reformas sociales impulsadas, como Cuna Más, Vamos Perú, Trabaja Perú, Jóvenes a la Obra, Qali Warma (a pesar de que en este programa social los alimentos no lleguen muchas veces con la calidad que se merecen los estudiantes).

Algo que también nos hace sentir tranquilos es el aspecto macroeconómico, pues seguimos siendo un país estable que puede resistir a una crisis mundial. De igual modo, se avizora una esperanza de darle seguridad a la población mediante la reforma policial que permitirá otro tipo de estrategias e implementación de patrulleros inteligentes, lo cual esperamos dé resultados positivos.

Sin embargo, ¿que nos preocupa? Uno, el tema de la Ley del Servicio Civil, donde dijo que no habrá ceses ni despidos masivos, sino que dicha ley modernizará el aparato estatal y habrá mejora para el servidor público. Pero, no es verdad, porque el hecho de pretender desconocer derechos adquiridos de los trabajadores es atentar constitucionalmente contra el derecho al trabajo.

Quiera o no, en el proceso de evaluación que se implementará habrá despidos y eso no se puede tolerar. Creemos que al mal funcionario que no atiende bien al usuario se le debe abrir proceso disciplinario y, de ser responsable, se le debe sacar del cargo; pero no se debe pretender despedir sigilosamente con el pretexto de las evaluaciones.

Otro tema que consideramos negativo es el sector salud. Al pretender hacer una reforma, no solo se debe pensar en el médico, la enfermera y los administrativos, es decir, la política laboral de salud, sino pensar y presupuestar para infraestructura y calidad médica, con entrega de medicamentos de calidad para mejorar y no que sean simples analgésicos.

De igual modo, habló que hemos crecido en telecomunicaciones, minería, transporte, etc., y que por eso somos un país en crecimiento. Nos preguntamos, ¿acaso han mejorado los ingresos de más de la mitad de peruanos? No. Por el contrario, la inclusión social que pregona no llega a la mayoría de peruanos porque existe un alto índice de corrupción en los gobiernos municipales y regionales.

Por ello, consideramos necesario y urgente la modificatoria de la Ley de Regionalización donde se precise el ámbito de las facultades y funciones, limitando el proselitismo político de las autoridades locales y regionales que mantienen en miseria y chantaje a los pobladores con el pretexto de darles trabajo u otorgarles algún regalo. Esa política debe terminar.

Por ello considero que el anuncio de la muerte civil de los funcionarios corruptos es positivo, pero para ello es urgente cambiar las cabezas de instituciones como la Fiscalía de la Nación, una reforma del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura. No se puede condicionar a magistrados a ser nombrados o ratificados a cambio de beneficiar al político cuando deje el poder. Esa es la razón por la que los presidentes regionales o alcaldes se desesperan por tener congresistas que tarde o temprano les cubran las espaldas o los defiendan como si fueran sus voceros. Eso pasa en Áncash.

Entonces, debe recordar el presidente Ollanta Humala que no solo debe pregonar la lucha contra la corrupción, sino poner en práctica el discurso. Caso contrario pensaremos que el mensaje lo escribió su esposa y él solo se limitó a leerlo.

Sabino Ponce Roso

Decano del Colegio de Abogados del Santa

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