La respuesta orgánica del Estado frente a la inseguridad ciudadana
Creado el Sábado, 15 de Junio del 2013 12:55:49 am
Ante esta creciente percepción de inseguridad en nuestra ciudad y país, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana representa la respuesta orgánica del Estado, de ahí que es necesario recordar el marco normativo que lo regula y a partir del cual se puede advertir la necesidad que hay de incidir en el cumplimiento de sus objetivos. La Ley N° 27933, “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”, del 12 de febrero de 2003, y su reglamento, constituyen el principal marco normativo que regula el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
Dicho marco prevé la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y de Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana. La organización de este sistema establece que la presidencia recae en la autoridad proveniente de elección popular (el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, en el caso del Consejo Nacional; el Presidente Regional, en el caso de los Comités Regionales, y los Alcaldes, en el caso de los comités provinciales y distritales), y se integra con la presencia de responsables de los diversos sectores del Estado. Se convoca también a representantes de la ciudadanía (juntas vecinales, rondas campesinas).
En su momento, la Defensoría del Pueblo destacó que, con la creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se consagró un concepto de seguridad ciudadana entendida como la situación donde las instituciones encargadas de garantizar la vida, la integridad, la libertad personal y el patrimonio de las personas asumen adecuadamente sus responsabilidades en el marco de sus funciones y con la participación directa de la ciudadanía.
De ahí que se debe garantizar el funcionamiento de los Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana de nuestra jurisdicción, a través de las cuales se debe sistematizar toda la información que permita contar con un diagnóstico claro y focalizado por localidad, en el que se registren los principales problemas de inseguridad y las zonas más vulnerables, a partir de lo cual se deben encaminar las políticas locales de seguridad ciudadana que formen parte de un plan de seguridad que además asegure el compromiso permanente de un trabajo coordinado entre todos los miembros integrantes del comité.
En este proceso resulta necesaria la consolidación del liderazgo de las autoridades que ejercen la presidencia de los comités de seguridad ciudadana (presidentes regionales y alcaldes), de igual manera que se reafirme el compromiso y coordinación interinstitucional como base para consolidar a los comités, mantener la presencia de las instancias de participación vecinal existentes, intensificar las actividades preventivas sobre situaciones focalizadas de inseguridad, las actividades de educación en prevención social, actividades para la optimización de recursos de las instituciones responsables y fortalecer la función fiscalizadora de los diversas entidades, incidiendo en aquellas actividades que generan inseguridad (funcionamiento de locales informales, minería informal, etc.).
No debemos olvidar que, hoy en día, la población demanda de sus autoridades soluciones urgentes a la problemática de la seguridad ciudadana que, como ya se señaló, no solo afecta a la institucionalidad democrática, sino que vulnera derechos fundamentales.
Roslin Villanueva Ramírez
Coordinadora del Módulo de Atención Defensorial Chimbote de la Defensoría del Pueblo
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Foto: Elcomercio.pe
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