Creado el Lunes, 27 de Mayo del 2013 04:28:04 pm

Con un aparato mediático sometido a su poder, para el corrupto le resulta más fácil dirigir el dedo acusador al oponente político, al funcionario que fiscaliza o al medio de comunicación que critica, que comparecer ante la justicia. Lo primero lo hace público y, para evitar lo segundo, lo hace a escondidas.

Esta es la estrategia usada en nuestra región por César Álvarez. El doble discurso. Ante la opinión pública pregona que no le teme a las investigaciones a las que voluntariamente se somete, sin embargo su artillería de defensa legal transita por los oscuros pasillos de una podrida estructura mafiosa enquistada en el Ministerio Público y el Poder Judicial, buscando frenarlas. A estas alturas ya no hay nada que cubra la escandalosa complicidad de malos fiscales en esta estrategia de impunidad, ni la participación complaciente de la Fiscalía de la Nación, tan evidente como el trabajo subordinado y de rodillas que vergonzosamente realizan periodistas que manchan honras y tratan de desprestigiar a quienes piden se investigue el mal uso de los recursos regionales.

Frente a este deterioro moral, ético y legal que vivimos en Áncash, ¿qué podemos exigirle a César Álvarez en cuanto a nuestros proyectos de desarrollo cada vez más empolvados y fuera de nuestro alcance? ¿Pedir trato legal a las tierras de Chinecas como proyecto agroindustrial y rechazar su aprovechamiento populista como meta electorera? ¿Emplazar a que nos muestre los planes maestros, el Plan de Desarrollo Portuario Regional de Áncash y sus planes de inversión a quien su capacidad de manejo de este tema solamente le alcanza para pintar frases incoherentes en las paredes a lo largo de nuestras principales avenidas? ¿Pedir que entienda el daño que causa a miles de personas en las obras en la avenida Pardo a quien le importa un bledo mandar al tacho nuestros emblemáticos proyectos de desarrollo y que afecta a toda una región? ¿Exigir explicación del “Hospital de los Pobres” a quien no quiere responder públicamente por los altos costos e irregularidades en la construcción del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz?

Frente a este preocupante acontecer de omisiones, complicidad, aprovechamiento e impunidad a los actos corruptos en los diferentes estamentos de gobierno, se hace necesaria una contundente respuesta del Estado para acabar de una vez por todas con este mal nacional. Esta respuesta ha sido planteada reiteradamente por diferentes sectores de la población: la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en agravio del Estado y la inhabilitación perpetua de los funcionarios públicos implicados en ellos.

Planteado así el escenario, las autoridades elegidas ya no tendrían a su alcance a un funcionario pensando en la impunidad a los actos indecentes que ellas les propongan, sino en la drasticidad del castigo al que se expone.

Para que el camino en busca de esta norma se allane, habría que preguntarnos además: ¿tienen nuestros congresistas de Áncash la autoridad moral para exigirla? ¡No! Es por eso que esa tarea recae en la sociedad civil y en los medios de comunicación comprometidos con ella.

Ya es tiempo de actuar y dejar de ver en campañas electorales a cuestionadas autoridades recicladas y de la mano con ex funcionarios dispuestos a establecer una convivencia corrupta por débiles leyes que la fomentan.

César Córdova Ponce

Director de la revista LA VOZ DEL PESCADOR

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