Creado el Jueves, 19 de Septiembre del 2013 07:12:28 pm

Más de 25 mil mineros ilegales han invadido la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata que, como toda Unidad de Conservación, debe ser intangible; el Estado se encarga de garantizar esa intangibilidad. La República (17.09.13) recoge información de los propios informales quienes afirman que hay unos 25 mil motores dedicados las 24 horas a la ilícita extracción, solo en dicha zona, pero se destruye dichas máquinas una vez por semana en número de 25. ¿Por qué? Porque en la PNP se conoce anteladamente la fecha de los operativos y, como por arte de “magia”, los ilegales mineros se enteran con suficiente tiempo como para esconder las letales máquinas.

Pero ¿esas máquinas cómo pasan los controles existentes en la Interoceánica? Es la misma PNP a través de sucios elementos que visten (ensucian) el honorable uniforme y permiten que ello se produzca, pues cobran 20 gramos de oro o su equivalente: S/.2 000.00 por cada motor (valorizado en S/.8 000.00). Entonces, la PNP, que representa al Estado, es cómplice en esta ilícita actividad. Existen mafias encargadas de invadir terrenos, incluso arrebatarlos a sus legítimos propietarios… ¿y el Poder Judicial? Recuerde usted, amigo lector, que nada menos que el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios (John Hurtado Centeno), es decir, la máxima autoridad judicial de la región, el encargado de aplicar leyes contra quienes las infringen, como en este caso, es propietario de amplias zonas (ya desérticas) en donde se explota ilegalmente el dorado metal; él no ha recibido sanción alguna hasta la fecha; está “en investigación”. El poder del dinero es más fuerte que cualquier poder del Estado, éste está ausente.

La ilegal y destructiva actividad no solo daña el ecosistema, daña, además, la vida de quienes tienen contacto con el mercurio y, también, la futura vida de quienes aún no nacen pero ya habitan en el útero materno. Aparte de ese criminal daño, también están los perjuicios que ocasionan al erario nacional. Evaden un aproximado de S/.500 millones de soles en impuestos, producto de las 18 toneladas de extracción ilegal, anualmente. Estas cifras son referidas a la minería ilegal en todo el Perú, de lo cual el 70% se observa en Madre de Dios. Pero estos sinvergüenzas que generan otras ilícitas actividades como la trata de personas, la esclavización de personas, la prostitución, infantil principalmente, encarecen el costo de vida, allí donde se ejecuta.

Sin embargo, lo más insólito es que han anunciado un paro nacional para conseguir su formalización, absurdo que solo busca dilatar más su actividad ilícita. “Dennos más tiempo para seguir engrosando nuestras arcas, aunque perjudiquemos toda forma de vida”, parece que nos dicen, pero el Estado “ay, siguió muriendo”. Letal mensaje que trae a nuestra memoria la absurda, temeraria, amenazante y condenable advertencia que ejecutaron los maras en El Salvador hacen pocos años: hicieron un paro nacional para exigirle al Estado que no dicte penas ejemplares contra la violencia institucionalizada en ese centroamericano país que hasta hoy sigue en jaque por el alto índice de criminalidad. En nuestro país, los mineros informales amenazan, matan, roban terrenos, chantajean, prostituyen, esclavizan, trafican y el Estado… “¡ay, sigue muriendo!”

José Cedeño León

Docente Principal de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía

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