Creado el Miércoles, 4 de Septiembre del 2013 07:27:05 pm

El reclamo de una madre de familia del colegio Ex Prevocacional, que denunciaba que tres profesores habían sido separados para reemplazarlos por profesores simpatizantes del Gobierno Regional de Áncash, me interesó para saber qué tan cierto era; pero, lo más importante es que la madre de familia amenazaba con hacer un escándalo mayúsculo si no daban marcha atrás con la intención de separar a los profesores faltando pocos meses para concluir el año escolar.

Lo que se especula referente a las designaciones a dedo de simpatizantes del gobierno de turno es cierto, pero ello sucede porque lamentablemente nadie se pone al frente para denunciar ante el Ministerio Público los actos ilícitos que estarían cometiendo ciertos funcionarios de confianza del gobierno regional y, posiblemente, el presidente regional. ¿Por qué?

Indagando un poco más, encontré la Ley 28926, cuyo artículo 2°, párrafo segundo, dice: “Las Direcciones Regionales Sectoriales son órganos dependientes de las Gerencias Regionales correspondientes. Tienen a su cargo las funciones específicas de un sector en el ámbito del Gobierno Regional. Están a cargo de los directores regionales que son funcionarios de confianza. Para ser director regional se requiere acreditar ser profesional calificado y con experiencia en la materia sectorial respectiva, mediante concurso de méritos. Su designación y cese corresponde al presidente regional a propuesta del respectivo gerente regional. Los actuales directores regionales culminan su labor en la fecha de término de su designación”.

En consecuencia, la norma es clara: para que algún profesional asuma el cargo de director regional de cualquiera de los sectores: educación, salud, producción, agricultura, transportes, etc., tiene que ser calificado, con experiencia, e ingresar mediante concurso de méritos.

¿Dicha norma se viene cumpliendo en nuestra región Áncash? Claro que no, aquí se designa al que camina al ritmo de los intereses del gobernante; no importan la capacidad, los méritos, ni la independencia, que significa transparencia, porque el funcionario que actúa de dicha forma es inmediatamente cesado por el presidente regional.

Uno de los sectores que se ha visto envuelto en escándalos es el sector educación, donde el director regional es un militante o simpatizante del movimiento político que nos gobierna; dicho funcionario realiza actos jurídicos y administrativos que podrían acarrear nulidades o cuestionamientos legales porque no cumple los requisitos que exige la ley para asumir dicho cargo.

Pero, más allá de la exigencia legal, considero que existe una exigencia ética y moral que deben observar dichos funcionarios, que son profesores, y decir a quien les propone o nombra que no pueden asumir dichos cargos porque están violando la ley. Y violar la ley por acción u omisión constituye delito; en consecuencia, queda el camino expedito para que cualquier ciudadano pueda denunciar estos actos ilegales e irregulares que se presentan en la gestión actual. ¿Dónde están el Sutep o las Apafas de cualquier colegio para hacer las denuncias? ¿Algo pasa o pesa para no hacerlo?

Vivimos en estado de derecho y las normas deben cumplirse y respetarse, por ello exijamos que los funcionarios de confianza sean nombrados conforme la ley exige; caso contrario perjudica el avance administrativo y técnico de una entidad, pero más a la población o a los más débiles. Digámosle al presidente regional y a su gerente: basta de nombramientos a dedo.

Sabino Ponce Roso

Decano del Colegio de Abogados del Santa

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Ilustración: www.periodistadigital.com

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