Creado el Lunes, 29 de Abril del 2013 06:30:15 pm

Por otro lado, algunos hechos registrados recientemente en torno a las denuncias sobre la corrupción instalada en Áncash pueden ser los primeros indicadores de que, al fin, su estructura mafiosa empieza a desmoronarse.

Uno, se refiere a la absolución de César Hildebrandt y Melissa Pérez en la querella por difamación y calumnia interpuesta por César Álvarez, y que tiene enorme importancia para el periodismo de investigación, ya que el derecho a informar a la opinión pública de la existencia de hechos irregulares ha sido debidamente protegido por la jueza Fernanda Ayasta Nassif del 25° Juzgado Penal de Lima, en su sentencia emitida el pasado 25 de abril, lo que echa por tierra el membrete de intocable que el presidente regional se quiere atribuir ante la prensa nacional.

Asimismo, mientras el presidente regional de Áncash decía no temer el hecho que se haya formalizado y aperturado investigación preparatoria del caso “La Centralita”, sus intenciones de frustrarla quedaron en evidencia al presentar una demanda de Habeas Corpus ¡en Huaraz! en contra de los fiscales Laureano Chumbe y Segundo Felipe López Sotelo. Pero, contra sus cálculos, el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, Walter Jiménez Bacilio, declaró improcedente esta demanda, generando otro duro revés a esta autoridad regional acostumbrada a tener en sus manos la decisión de quienes se encargan de administrar justicia en nuestra región.

Otro de los hechos que debilitará sus desesperados afanes de cubrir de impunidad sus actos corruptos es que el Fiscal de la Nación José Peláez Bardales se encuentra en la mira de la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por el caso “La Centralita” y se viene exigiendo, además, su presencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para que rinda explicaciones acerca del repentino cambio de 10 fiscales que han intervenido en este sonado caso, que ya es un escándalo de alcance nacional.

Del mismo modo, han llamado la atención los convenios establecidos entre el Gobierno Regional de Ancash y el Poder Judicial y el Ministerio Público, por los cuales se ha beneficiado al primero con el uso de 15 millones y al segundo con 2, lo que crea serias dudas acerca de la imparcialidad con la que deban actuar ante tantas denuncias interpuestas en contra del actual gobierno regional.

La corrupción está pues en claro retroceso y el temor de César Álvarez a ser investigado se hace cada vez más evidente y desesperado.

Se espera además que el Consejo Nacional de la Magistratura resuelva el sorpresivo pedido de reconsideración de la votación que nombró a Nancy Moreno Rivera como Fiscal Superior del Distrito Judicial del Santa, y que por fin se concrete su designación, lo que significará un duro golpe a la impunidad de actos corruptos en nuestra región.

César Córdova Ponce

Director de la revista La Voz del Pescador

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