Creado el Lunes, 12 de Noviembre del 2012 06:41:28 pm

Este rechazo ha quedado graficado en la multitudinaria marcha realizada el último jueves y que concentró a los pescadores industriales tanto de las embarcaciones de acero como las de madera comprendidas en la ley 26920 (de 32.6 a 110 metros cúbicos) y a los verdaderos pescadores artesanales que llegaron de otros puertos cercanos como los de Samanco, exigiendo a una sola voz que el gobierno imponga su autoridad y lamentando que haya aceptado el pedido de adecuación que la flota de menor escala le hizo y darle un plazo de cerca de dos años para salir de las primeras 5 millas marinas.

Para empezar, advierten que esta flota depredará el recurso en el área que debería proteger el Estado, pescará todo el año y, amparada en el nocivo D.S. 017-2011-PRODUCE, destinará su pesca mayoritariamente a la harina negra, además que esperará (ténganlo por seguro) que se cumpla el plazo para pedir una ampliación a la misma porque es precisamente en el desorden en el que se basan sus millonarios ingresos.

Un ejemplo del trato privilegiado de esta flota para tomar en cuenta es el hecho de que mientras las embarcaciones de madera comprendidas en la ley 26920, que se encuentran debidamente formalizadas, tienen una cuota aproximada de 800 toneladas en las dos temporadas de pesca, las de menor escala, pescando solo 200 días al año a un promedio de 20 toneladas diarias logran extraer 4 mil toneladas sin pagar derechos de pesca, ni impuestos porque no tienen ni RUC, y por último no reconocen ni los derechos laborales de sus tripulantes, ni los tienen asegurados.

Hay que precisar además que las embarcaciones denominadas tiburoneras o periqueras pescan sin problemas a muchas millas más distantes del puerto, de tal manera que el argumento que esgrime esta flota de menor escala en el sentido de que salir a pescar fuera de las 5 millas es poner en serio riesgo su vida, no es valedero por no ajustarse a la realidad.

Por otro lado, si su permanencia en esta franja dentro de las 5 millas la atribuyen a la falta de plataforma satelital a bordo, habría que decirle en voz alta al gobierno que a esta flota no le conviene instalarla en su embarcación simplemente porque eso significaría que ellos mismos acaben con su ilegal negocio.

De acuerdo a los servicios de alta tecnología que ofrecen reconocidas empresas en la identificación y el seguimiento de los barcos, la detección de la pesca ilegal, etc., y contrariamente a lo que se pueda pensar, la instalación de la plataforma satelital es fácil y su uso sencillo, aparte que su costo en alquiler por ejemplo no excede los 200 dólares al mes, (incluido el monitoreo de la embarcación) y su precio de venta no llega ni siquiera a mil dólares.

Si el Produce asume este costo y obliga a las embarcaciones de menor escala a su instalación de manera inmediata, las podrá formalizar, crearle obligaciones tributarias como a todos los actores involucrados, proteger laboralmente a sus tripulantes y cuidará de manera más efectiva el recurso anchoveta.

César Córdova Ponce

Director de la revista “La Voz del Pescador”

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