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LA COLUMNA DEL DIA | Es prioritario avanzar en la universalización de la salud y la educación

A propósito del reciente jaloneo entre las clínicas privadas y el gobierno, Gabriel Mejía Duclós* pone la mirada en el centro del problema: la responsabilidad del Estado de asignar los recursos necesarios para corregir la vergüenza de tener una de los peores sistemas de salud y educación.
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Todos somos conscientes del enorme daño que le han hecho y le hacen al Perú y a las regiones la corrupción y la incompetencia durante los cerca de 200 años de vida republicana.

Las decisiones en el más alto nivel del gobierno generalmente han sido jaloneadas por los intereses de grupos económicos, buscando sacarle el máximo provecho a los negocios bajo la mesa o tras bambalinas. Incluido en las etapas de emergencia como los terremotos de 1970 y 2007, las emergencias climáticas por “El Niño” y hoy en la pandemia, donde los decretos de urgencia y las exoneraciones para las licitaciones y compras se prestan para las mañas y negociados de funcionarios inescrupulosos.

En este jaloneo del poder económico clientelista y funcionarios que no tienen claro el rumbo, se han ido postergando acuerdos y decisiones que beneficien a toda la población, especialmente a los sectores más pobres y vulnerables.

Por ejemplo, con la pandemia ha quedado claro que en el Perú no todas las personas gozan de los mismos derechos. Miles de personas contagiadas por el covid-19 han muerto en sus casas o en los pasillos de los hospitales al no tener una atención adecuada por falta de recursos; otras, mucho antes del reciente acuerdo entre el gobierno y las clínicas, han tenido que pagar montos exorbitantes en las clínicas privadas para salvarle la vida a un pariente. Es decir, el derecho a la salud y a la vida fue vulnerado vergonzosamente…. paradojas de la vida, en pleno año denominado “Año de la universalización del acceso a la salud”, anunciado por el presidente Vizcarra a inicios de enero de 2020.

El artículo 2 de la Constitución, sobre los derechos fundamentales de la persona, precisa: “Toda persona tiene derecho a: Inciso 1: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Y es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Asimismo, el Inciso 2: A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

Como lo hemos constatado, hasta hoy nuestra Constitución es letra muerta. Por ello, es tan importante que los líderes comunales, las organizaciones de la sociedad civil y todos los pobladores tengamos plena conciencia de la importancia de la universalización de los derechos fundamentales de las personas. Es decir, como en tantos paises, el Estado debe asegurar los recursos y condiciones necesarias para el cumplimiento y realización cabal de los derechos fundamentales, empezando por el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación y a una  educación universal y de calidad.

El presidente Vizcarra, los gobernadores regionales y congresistas tienen la responsabilidad de dar un golpe de timón y cambiar el rumbo. Ya no hay ningún pretexto para seguir postergando la responsabilidad del Estado de asignar en forma prioritaria el presupuesto y todos los recursos necesarios para corregir la vergüenza de tener una de los peores sistemas de salud y educación.

* Gabriel Mejía Duclós es ingeniero agrícola con especialización en ingeniería de recursos agua y tierra, 25 años de experiencia en gerencia y dirección de instituciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo social, económico y gestión ambiental, ex candidato a la Gobernación Regional de Áncash.

Ilustración: http://www.tuamawta.com/