Creado el Miércoles, 10 de Febrero del 2016 11:33:32 pm

Esto ocurre en un contexto en el que existen serias sospechas de que el crimen organizado y otras manifestaciones del delito han logrado penetrar diversas entidades públicas, desde las vinculadas al control de la corrupción, como el Poder Judicial, el MP, el TC, la PNP y el Congreso, hasta gobiernos locales y regionales, o sectores privados como el periodismo.

(….) su permanencia en el MP mancha la lucha anticorrupción, y el poco prestigio de una entidad tan importante para combatir a la corrupción y defender al ciudadano y a la legalidad, pero tan venida a menos por el modo como se ha venido manejando, siendo la principal expresión del fenómeno el que tanto el ex fiscal de la nación como el actual sean sospechosos de estar metidos en cuchipandas inaceptables.”

Y esto es lo que escribe Rocío Silva Santisteban**, a propósito de los execrables crímenes en el Estado de Guerrero, México, y sobre todo la pretendida impunidad de ellos: “Lo que ha sucedido en Iguala debemos verlo como un antecedente latinoamericano y como un espejo donde proyectarnos: gobiernos locales corruptos, narcotráfico y crimen organizado, descomposición política general, candidatos corrompidos que ganan las elecciones por clientelismo, sicarios que matan por 13 monedas o menos, criminalización de la protesta y de los líderes sociales, persecución de líderes de movimientos sociales, paranoia de los sectores de inteligencia que ven guerrilleros o terroristas o antimineros por todos lados, leyes que permiten la inimputabilidad de policías o miembros de las fuerzas del orden, policías y miembros de las fuerzas del orden coludidos con el crimen organizado, impunidad en general, poco escándalo social en tanto que se trata de indígenas o mestizos de sectores empobrecidos o provincianos de los confines de nuestros países, indiferencia de los sectores medios y altos urbanos que siguen viviendo su fiesta del crecimiento e invisibilizando a los muertos de su felicidad.”

El problema es que en el caso peruano, la inimputabilidad protege a congresistas, jueces y fiscales a todo nivel y a órganos tutelares (Corte Suprema, Ministerio Público, Tribunal Constitucional) que nos dejan sin posibilidad alguna de creer en una justicia verdadera. Somos escépticos, justificadamente.

Esta breve recopilación la concluyo, por el momento, reproduciendo a Gustavo Faverón*** a propósito de un artículo donde nos recuerda el caso de Mario Poggi, allá por 1986, el bachiller en Sicología que hizo noticia al asesinar a un asesino en serie. Aparentemente, la otrora Policía de Investigaciones del Perú (PIP) contrató a un loco para asesinar a un psicópata: “Contratar a un delirante para combatir un delirio es un recurso delirante en sí mismo. Por supuesto, sería demasiado pedir que los peruanos encontráramos una lección moral en la historia de los jefes de la PIP que contrataron a un loco para luchar contra la locura. Pero tal vez podríamos aprender de la ironía involuntaria de esa situación, y del ridículo de esa situación, hoy que elegimos autoridades corruptas para luchar contra la corrupción y delincuentes para luchar contra la delincuencia y mafias para poner orden en la sociedad. En ese tiempo, fue simplemente un error absurdo y nació de la desinformación. Ahora, lo estamos convirtiendo en un método y no podemos alegar ignorancia.”

[Los subrayados son del autor de esta nota]

José Cedeño León

Docente principal de la Universidad Intercultural de la Amazonía

* http://www.larepublica.pe/columnistas/claro-y-directo/dead-man-walking-28-10-2014

** http://www.larepublica.pe/columnistas/kolumna-okupa/iguala-crimen-de-estado-en-mexico-28-10-2014

*** http://www.larepublica.pe/columnistas/puente-aereo/la-paradoja-de-poggi-28-10-2014

Foto:dominicanoshoy.com

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