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¿Qué le puede pasar al gobernador Morillo ahora que la Fiscalía decidió investigarlo? 

Procurador Anticorrupción afirma que Ministerio Público tienen la facultad de pedir prisión preventiva de autoridad ancashina por construcción de canal Santa-San Bartolo por el cual se pagaron S/ 36 millones 

La obra del canal Santa-San Bartolo podría traerle más de un dolor de cabeza al actual gobernador de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, ahora que el Ministerio Público decidió incluirlo en la investigación preparatoria por el presunto delito de colusión. El procurador anticorrupción de la provincia del Santa, Richard Asmat Urcia, indicó que el fiscal a cargo del caso, Wilder Delgado Flores, está en la potestad de solicitar la prisión preventiva del titular regional debido a que, según contó, sí se cumplirían los tres requisitos de vinculación al hecho delictivo, pena mayor a cuatro años de cárcel (colusión agravada es de 15 años) y obstrucción a la justicia. 

“La obstaculización (a la justicia) puede entenderla el fiscal que como (Morillo) es una persona que se encuentra en el poder y Chinecas depende del gobierno regional podría existir el ánimo de obstaculizar la investigación (…) el fiscal podría pedir una prisión”, señaló el defensor de los intereses del Estado. Negó que tenga una actitud de desestabilizar la gestión regional, pero precisó que el caso de la autoridad ancashina es similar a la de algunos expresidentes del Perú, vinculados al caso Lava Jato, que han tenido orden de prisión preventiva. 

La empresa del gobernador Morillo Ulloa fue una de las que participó en la construcción del canal de Chinecas Santa-San Bartolo que tenía un presupuesto inicial de S/ 17 millones, pero finalmente se pagaron S/ 36 millones. Según Asmat Urcia, las empresas que participaron en la obra cobraron adelantos que no estaban contemplados en las bases ni en el contrato. “Si hay irregularidades de parte de los funcionarios que han aumentado indebidamente el valor referencial de la obra, si se han otorgado adelantos que no estaban en las bases, si se han otorgado valorizaciones y plazos inadecuadamente, ¿a quién ha beneficiado esto? Directamente al empresario, al ejecutor”, indicó. 

MÁS INVOLUCRADOS 

El fiscal de La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Wilder Delgado Flores, decidió ayer incluir al gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa y a todos los empresarios que participaron de la construcción del canal Santa-San Bartolo luego de una serie de cuestionamientos de parte del procurador Asmat, quien calificó las pesquisas de “paupérrima y desprolija”. Sin embargo, el procurador insistió en sus cuestionamientos debido a que el Ministerio Público no incluyó ni se pronunció sobre 16 exconsejeros regionales y 3 excontadores de Chinecas quienes, según un informe de la Contraloría General de la República,  también habrían tenido responsabilidad en el caso “Santa-San Bartolo”. 

“Si decimos que el pago de los adelantos es irregular porque no estaba en las bases ni en el contrato, ¿quién es el que da el pase presupuestalmente hablando?, ¿no es presupuesto, administración y contabilidad que están en el circuito? y con ellos se está archivando (la denuncia). Si quieres acreditar que el pago es irregular, ¿por qué dejas libres quiénes tuvieron participación? (…) El objetivo de la investigación penal es conocer la verdad de los hechos de todos los que han participado”, explicó Asmat Urcia. 

Además, insistió en que pedirá ante la Fiscalía Superior la nulidad de la investigación para que los investigados no tengan argumentos para decir de que no se les siguió un debido proceso. “Todo tiene  que estar bien saneado”, afirmó. Añadió es que sobre esa misma etapa investigación preparatoria el fiscal también puede  hacer un pronunciamiento sobre quienes no han sido incluidos. 

Richard Asmat señaló que el informe de la Contraloría General de la República, sobre el cual se basa la investigación fiscal, es contundente al determinar las responsabilidades de todos los involucrados. También dijo, por ejemplo, que Chinecas pagó el total del costo de la supervisión de la obra, valorizado en más de 1 millón de soles, cuando los trabajos solo tenían el 50.7 % de avance físico. “Se fueron, se largaron (los empresarios) y los funcionarios no aplicaron penalidades”, cuestionó. (EA – RSD Noticias).