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CANAL SANTA-SAN BARTOLO | Gobernador de Áncash, Juan Carlos Morillo, afrontará investigación fiscal por colusión

Nuevo fiscal del caso San Bartolo decide recalificar el delito de negociación incompatible por colusión e incluye a todos los empresarios del consorcio que ejecutó millonaria obra inconclusa de la época de Álvarez
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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Santa, cuestionada por su investigación desprolija del caso San Bartolo, ahora a cargo de otro fiscal, dio un giro de 180 grados y sorprendió esta tarde al revelar que el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, será investigado por la presunta comisión del delito de colusión.

La decisión está contenida en la ampliación de formalización de la investigación preparatoria emitida por el fiscal Wilder Delgado Flores, quien decidió incluir a la actual autoridad regional en su calidad de representante de la empresa JJM Minería y Construcción SAC, la cual, en consorcio con tres empresas más, durante el primer gobierno del hoy preso ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, ganó la buena pro para la construcción del canal Santa-San Bartolo del Proyecto Especial Chinecas. 

Dicha obra pública empezó en el año 2009. Costaba inicialmente 17 millones de soles y se debían construir 11 kilómetros de canal en 220 días (poco más de 7 meses). Terminó costando más de 36 millones de soles y solo se construyeron 9 kilómetros en 814 días (más de dos años). La Contraloría determinó en el 2015, tras una auditoría, que el proyecto se ejecutó sin considerar la fase de preinversión, pese a su obligatoriedad por el SNIP, lo que generó 12 adicionales de obra, dos adicionales de servicio, 594 días de ampliación de plazo, un proceso arbitral y otros gastos más. Todo ello desencadenó un pago de 36 millones 583 mil 730 soles al Consorcio San Bartolo, integrado por A & R SAC Contratistas Generales, representado por Francisco Argumedo Druett; Project Construcciones SAC, representado por Yuri Valery Manrique Rivera; JJM Minería y Construcción SAC, representado por Juan Carlos Morillo Ulloa, y JJM Contratistas Generales SRL, representado por su hermana Janeth Etelvina Morillo Ulloa.

Precisamente el fiscal Delgado Flores comprendió también en la ampliación de su investigación al resto de empresarios que integraron el consorcio San Bartolo: Francisco Argumedo Druett, Yuri Valery Manrique Rivera y Janet Etelvina Morillo Ulloa. 

La teoría del Ministerio Público es que los integrantes de dicho consorcio se habrían coludido con el exgobernador César Álvarez Aguilar para defraudar al Estado con la obtención de la buena pro a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y para beneficiarlos durante la ejecución de la obra con el pago irregular de adelantos directos. 

Precisamente la ampliación de formalización de la investigación preparatoria también alcanza a Álvarez Aguilar, así como a los exgerentes de Chinecas, Juan Gualberto Cortez Chicoma y Víctor Joel Cerna Báez; al exgerente de Estudios y Medio Ambiente, Yordan Américo Baldoceda Ponce, y al representante común del Consorcio San Bartolo, Francisco Iván Argumedo Estay.

Cabe resaltar que la inclusión de Juan Carlos Morillo Ulloa y el resto de empresarios en la investigación del caso San Bartolo es el resultado de una recalificación del delito de negociación incompatible por colusión hecha por el fiscal Delgado Flores. Por el delito de negociación incompatible solo son procesados los funcionarios públicos. La Contraloría había determinado responsabilidad en 46 personas, sin incluir a los representantes de las empresas favorecidas con el millonario pago de la obra, porque no estaba dentro de sus competencias determinar responsabilidades de privados. Sin embargo, inicialmente la fiscalía no solo no incluyó a los empresarios, sino que además decidió no investigar a la mayoría de supuestos responsables señalados por la Contraloría, comprendiendo solo a siete exfuncionarios de Chinecas en el caso. 

“Es una investigación paupérrima y desprolija”, había dicho ayer el procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia, al anunciar que solicitaría la nulidad de la investigación fiscal. Hoy, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sorprende con esta noticia que representa un viraje total en su investigación, la cual se sostiene precisamente en el minucioso informe de la Contraloría. (RSD Noticias).