Creado el Jueves, 27 de Febrero del 2014 12:58:13 am

Hemos escuchado que por una parte es: a) recorte del canon minero por efecto de la Ley de Gravamen Minero, b) paralización de 90 obras licitadas y en ejecución del Gobierno Regional por culpa del Gobierno de Ollanta, c) obras con imposibilidad de culminación por falta de presupuesto para pago a empresas ejecutoras también “por culpa del traidor de Fredy Otárola y del presidente Ollanta centralista que se ha llevado nuestro canon para su caja chica”. Si ustedes escuchan a todos los pocos voceros del presidente regional y al mismo presidente, encontrarán que todas estas agendas con la que se convoca al paro regional tienen escasa forma de defenderlo, y todo eso por las siguientes razones.

El origen de esta convocatoria al paro empieza a notarse en julio de 2013, cuando el Gobierno Central transfiere un poco menos de canon minero (15 millones menos aproximadamente) en comparación al 2012, y el Gobierno Regional de Áncash, que venía desde el año 2011 con su acostumbrada “eficiencia” (festín o exceso) en el gasto, premiada por el MEF y por el Congreso de la República con el primer lugar de gasto público, había perdido el rumbo y los límites que significaba tener uno de los más altos montos de canon minero del país, y que había licitado en los últimos cuatro años (2010-2013) obras, servicios y bienes en forma desproporcional y desequilibrada teniendo la esperanza de que en los próximos años se podría duplicar dicho canon y que tenía sustento en la promesa hecha por el gobierno de Alan García al ampliar la explotación de Antamina a un porcentaje aproximado del 100% en su proceso de producción, y para ello se aplicó en el 2010 la reinversión minera y que afectó los ingresos de 2011, como se nota en las transferencias registradas en la base de datos del MEF.

Con esa premisa, nuestro lúcido presidente regional, con su ilustre gerente regional, entraron a un círculo vicioso de licitar obras sin respaldo presupuestal, solamente basados en los supuestos expuestos anteriormente. Sin embargo, con la llegada de Ollanta Humala, presidente del Perú, de Fredy Otárola, actual presidente del Congreso, y del flamante escudero defensor de oficio del Gobierno Regional de Áncash, el congresista Heriberto Benites y otros tres congresistas, se aprueba el 23 de setiembre de 2011, a solo 2 meses de llegado el nuevo Gobierno del Perú, la Ley N° 2979 LEY QUE ESTABLECE EL MARCO LEGAL PARA EL GRAVAMEN ESPECIAL A LA MINERIA, que afectaba claramente los ingresos por concepto de impuestos y, por tanto, el canon minero de los departamentos productores de minerales. En este punto hay otro tema que ha pasado por desapercibido, y que se constata a dos años de aplicada esta norma de gravamen minero: que NO ES UN IMPUESTO A LAS SOBREGANANCIAS DE LAS MINERAS, es solo un porcentaje que reduce los impuestos a las ventas y a la renta que las empresas han pagado de costumbre y una formalización de la famosa pasada de sombrero de Alan García o aporte voluntario.

Pero vayamos a la gestión de Álvarez. Al reducirse este canon minero por efectos de la tramposa Ley de Gravamen, por efectos de la reinversión minera, la baja de precio de los minerales y otros artificios tramposos de las empresas mineras, de los gobiernos de Alan García, Ollanta Humala y la SUNAT para pagar menos impuestos, llega menor CANON MINERO al departamento de Áncash (166 municipalidades, GRA, universidades). Pero, ¿cuánto significa esa reducción? La verdad, NADIE LO SABE, todos son especulaciones debido al manejo poco transparente de los recursos por parte del MEF, la SUNAT y el Gobierno Central en general, y ninguna de las estimaciones se acercan a los 517 millones o 170 millones solicitados para su devolución al Gobierno Central y motivo por el cual el Gobierno Regional de Áncash convoca al paro el 27 de febrero.

Pero el fondo de la pataleta de César Álvarez tiene su origen en el interior del Gobierno Regional de Áncash, que preocupado por agradar al MEF en cuestión de “eficiencia de gastos”, o del ansiado “premio al más gastarín” del Perú por parte del Congreso, en los últimos tres años han licitado obras SIN CERTIFICACIÓN O RESPALDO PRESUPUESTAL, por lo menos en 300 millones en obras en ejecución y otros 200 millones en obras licitadas en el 2013 que no inician hasta la actualidad, como el caso del Hospital de La Caleta de Chimbote, de 177 millones de soles, que fue dada la buena pro en abril de 2013 y que no inicia hasta la fecha, y muchos en el departamento de Áncash. En proyectos de ejecución paralizadas que, según la versión del mismo GRA, tenemos al menos 90 proyectos y unas 30 obras con buena pro, pero no iniciadas. El valor de toda esta deuda supera los 450 millones –dicho sea de paso, estas cifras son estimaciones que salen de datos oficiales que se encuentran en el sistema–, y por esta razón el presidente Álvarez está desesperado, porque se vienen problemas en la etapa preelectoral que va tirar por los suelos todas las aspiraciones y los premios adquiridos al “buen gastarín” del MEF y del Congreso de la República.

¿Qué problemas vienen si el GRA no consigue los 500 millones que “pide que se le devuelva” al Gobierno Nacional y si fracasa su “PARO REGIONAL COMANDO”? Por lo menos estos problemas:

1. Las empresas ejecutoras de las obras paralizadas y que han presentado valorizaciones exigirán al Gobierno Regional que haga efectivo los pagos, y al no poder pagar el GRA incumplirá y se expondrá a denuncias y procesos que incluirán pago por daños y perjuicios.

2. Muchas de las obras paralizadas no culminarán porque los empresarios que no tienen liquidez no podrán ejecutar con su propio capital y serán acreedores de PENALIDADES, y estas empresas tendrán que quebrar.

3. El GRA, con esta gestión o la que viene, va a tener que asumir estas ilegalidades e irresponsabilidades del presidente y del gerente regional actual; y no serán pocos problemas, porque el próximo presidente tendrá que dedicarse a defender más al GRA y distraerse en su gestión.

4. Los trabajadores de construcción civil y sus familias, los pequeños proveedores de servicios de comida, bienes y otros servicios, serán como siempre los más afectados, muchos de ellos no podrán recibir sus míseros honorarios en su oportunidad.

Mis amigos lectores, están advertidos, estas son las cosas de fondo que le preocupa al presidente del GRA, y debe preocuparnos a nosotros también porque nuestros recursos están en problemas, todo por una conducción mediocre de un departamento con muchos recursos, por intereses mezquinos de una tercera reelección y por incapacidad de los gerentes y asesores que acompañan al presidente.

* Especialista en Gestión Pública Descentralizada

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