LA COLUMNA DEL DÍA | ¿Por qué es tan necesario El Acuerdo de Escazú? (1/2)
Creado el Viernes, 24 de Julio del 2020 12:19:40 am
A casi nadie le queda la menor duda que la región de América Latina y El Caribe es una zona geográfica de degradación ambiental, ausencia de diálogo entre colectividades y Estado e irrespeto a sus derechos. De ahí se deduce el riesgo de la convivencia entre el sector privado y sus actividades económicas en relación con la calidad de vida de quienes habitan dichos territorios.
Una prueba de ello es la grave situación que viven, entre tanto, los defensores ambientales. Es decir, no solo hay una afectación al medio ambiente sino también un fuerte impacto social que carga entre sus registros a 164 defensores ambientales muertos teniendo lugar más de la mitad de ellos en nuestra región con especial énfasis en los países de Brasil, Colombia y México, y en otros momentos, en Perú y Honduras.
Estos y otros temas están contenidos en El Acuerdo de Escazú. Vamos por partes. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe o también llamado Acuerdo de Escazú (pues se suscribió en dicha ciudad, en Costa Rica el año 2018), es un convenio vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho Sostenible (Río+20), siendo el primero en el mundo en albergar medidas específicas para el medio ambiente y el primero de carácter regional en el mismo sentido.
Este acuerdo está fundamentado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo del año 1992 y es fruto de diversas negociaciones durante años que darían pie a la firma inicial de 33 países, suponiendo un instrumento jurídico para la protección de la calidad del ambiente y de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, dándoles el lugar que merecen y robusteciendo el trabajo de legislación interna de cada país en dicho espectro, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y congeniando las ideas de mercado, sociedad y Estado.
Para que un acuerdo internacional entre en vigor no es suficiente la firma inicial de un país sino también es requisito su ratificación por el parlamento. El papel del Perú no es secundario pues la fecha límite vence en septiembre y solo hay 9 países que lo han ratificado (Ecuador el último de ellos). En ese caso seríamos el décimo país y solo restaría que otro más lo hiciera para su entrada en vigor, pues, según el artículo 22 del Acuerdo de Escazú se necesitan 11 ratificaciones.
¿Cómo entender entonces las recientes declaraciones del canciller pidiendo que no se ratifique por ahora y exigiendo más «diálogo» o acaso la posición del Congreso para, con el mismo espíritu, evadirla? Recordemos que esta iniciativa fue introducida por el propio presidente Vizcarra en agosto del año pasado. Si en aquel entonces el timón de la política exterior –como recuerda Óscar Arévalo– ya estaba orientada en un sentido, ¿qué ha pasado para que ahora se ponga en duda?
Determinados sectores están imaginando e inventado una supuesta violación a nuestra soberanía precisamente porque el Acuerdo de Escazú fortalece la tarea de transparencia y consulta previa. Una demostración de ello es que este convenio tiene aplicación en todo el territorio, pero estos mismos sectores e intereses solo han hecho mención a su relación con la amazonia, poniendo en evidencia la proximidad entre sus juicios y su capital y ganancias.
En la próxima columna desmentiremos algunas afirmaciones que buscan dividir a la opinión pública ya que, aunque la verdad nunca es popular, merece decirse.
*Diego Mendoza Franco es ingeniero industrial, egresado del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública de la PUCP y el CAF, coordinador del Círculo de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos Aleph, promotor de los ODS por el Senado de Buenos Aires, Parlamentario Joven Nacional y activista social.
Foto: https://www.pucp.edu.pe/
