Nuevo Chimbote: firmaron obra millonaria para refugio canino pese a graves deficiencias
Creado el Lunes, 19 de Mayo del 2025 06:39:50 pm | Modificado el 19/05/2025 06:52:56 pm
La Contraloría General de la República ha identificado un hecho con indicio de irregularidad en el proceso de contratación de la obra para la creación de un centro de atención y refugio temporal de canes en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, valorizada en más de 2.3 millones de soles.
Pese a las observaciones advertidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la obra fue adjudicada y el contrato fue suscrito el 4 de marzo de 2025 entre la municipalidad —representada por el gerente municipal Tony García Santander— y el Consorcio Refugio Canino 2, integrado por las empresas Vásquez & Catillo Contratistas Generales S.A.C. y JF Constructores S.A.C.
El hallazgo fue detallado en el Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 008-2025-2-3948-AOP, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la propia municipalidad y notificado oficialmente al alcalde Walter Soto Campos. El documento revela graves deficiencias en los actos preparatorios del proceso de contratación que, según la Contraloría, vulneran principios esenciales como la transparencia, la publicidad y la eficiencia, establecidos en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado (ley n.° 30225).
Irregularidades en el proceso y advertencias ignoradas
Según el cronograma registrado en el Seace, la convocatoria para la adjudicación se realizó el 28 de enero de 2025 y la buena pro se otorgó en un plazo breve, culminando con la firma del contrato poco más de un mes después, pese a que el OSCE ya había emitido el Oficio n.° D000663-2025-OSCE-DGR con observaciones técnicas el 17 de marzo. Esta rapidez en el proceso, sin atender las alertas, ha sido cuestionada por el órgano de control.
Entre las principales observaciones del informe se detalla que las bases integradas publicadas en el Seace no contenían rúbricas ni vistos buenos, lo que afecta su validez y confiabilidad. Además, se detectaron incongruencias entre las bases, el expediente técnico, la proforma de contrato y el equipamiento estratégico, en comparación con los lineamientos de las bases estándar aprobadas por el OSCE.
Omisiones clave y riesgos en la ejecución
Una de las omisiones más preocupantes fue la ausencia de documentos fundamentales del expediente técnico, como el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el Plan de Monitoreo Arqueológico y el CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos), todos ellos requeridos para obras públicas de este tipo. También se identificó que no se especificaron con claridad los lugares para el pago y recogida de las bases y del expediente técnico, lo que limitó la accesibilidad y la libre concurrencia de postores.
Otro aspecto relevante fue la falta de concordancia entre el equipamiento técnico requerido y el contemplado en el expediente técnico. El informe señala que las bases incluyeron maquinaria no prevista —como un camión volquete— y omitieron otra sí contemplada, como una retroexcavadora. Además, se detectaron diferencias en las especificaciones técnicas de diversos equipos.
Respecto a las penalidades por incumplimiento contractual, se estableció en las bases que serían determinadas por la Subgerencia de Obras Públicas, cuando la normativa vigente exige que estas decisiones recaigan en el inspector o supervisor de la obra. Este error fue replicado incluso en el contrato suscrito.
Aunque el informe no menciona explícitamente que la obra pueda paralizarse o anularse, sí deja constancia de que las irregularidades detectadas podrían afectar la validez del proceso de contratación y comprometer el desarrollo adecuado del proyecto. La ausencia de documentos técnicos esenciales y las contradicciones en el equipamiento, por ejemplo, podrían derivar en demoras, cuestionamientos legales o ejecución deficiente de la obra, en perjuicio de la población beneficiaria.
Comité bajo la lupa y recomendación final
El comité de selección estuvo conformado por José Rómulo Jacinto Milla (jefe de Logística y Control Patrimonial), Miguel Geremías de la Cruz Pizán (gerente de Infraestructura) y Bomame Jhorsho Velásquez Lescano (subgerente de Obras Públicas), quienes —según la Contraloría— incumplieron con las disposiciones legales y administrativas, afectando el desarrollo correcto del proceso de contratación.
Como resultado de estos hallazgos, el OCI recomendó al alcalde que adopte las acciones correctivas correspondientes y evalúe el deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados. (W.C. – RSD Noticias).
