LA COLUMNA DEL DÍA | El botín estatal
Creado el Lunes, 21 de Febrero del 2022 10:56:38 am | Modificado el 02/08/2024 10:58:02 am
Mientras los peruanos estamos ocupados en nuestras labores o distraídos por la caja de pandora en que se ha convertido el gobierno de Pedro Castillo, vienen sucediendo cosas que literalmente nos podrían costar muy caro.
Han pasado casi inadvertidos un par de hechos que deberían ser revisados con atención. El primero ataca a nuestros bolsillos y está referido a que los trabajadores estatales en su conjunto han solicitado casi 100 mil millones de soles en aumentos de sueldo y beneficios laborales que serán debatidos mediante negociaciones colectivas para ser aprobados total o parcialmente durante este año. El monto que el Estado apruebe en favor de los trabajadores será asumido por el erario, es decir; por el aporte de todos los peruanos.
El asunto es para alarmarse, semejante demanda de aumentos salariales se justificaría si el país viviera una bonanza económica o si la economía de los peruanos ya se hubiera recuperado, pero sucede todo lo contrario. Por otro lado, resulta preocupante que siendo los trabajadores estatales parte del tercio que trabaja formalmente y goza de todos los beneficios laborales que contempla la ley, se autoricen aumentos salariales para ellos, cuando tenemos a dos tercios de peruanos que, sin trabajar en la formalidad, ni con los beneficios que establece la ley, y a pesar de todo lo que sucede, no piden nada al Estado, pero con sus diversas actividades económicas producen los ingresos que financian la actividad estatal, una total contradicción.
Otra noticia contraproducente es que Ricardo Soberón, presidente de Devida, que es el organismo estatal encargado de diseñar y conducir la «Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas», ha firmado un pacto con los cocaleros del Vraem, mediante el cual el gobierno de Pedro Castillo permitirá que los agricultores reduzcan de forma voluntaria el cultivo de hoja de coca.
El pacto se ha firmado a cambio de que el gobierno suspenda la erradicación de la coca en el VRAEM, se desactive Enaco que es la empresa estatal comercializadora de la hoja de coca que nos ha permitido conocer que apenas el 5% de la producción tiene un consumo natural o se industrializa y el resto se va al narcotráfico, se retire Usaid que promueve y financia cultivos alternativos para desincentivar el cultivo de coca para actividades ilícitas y se apruebe en el Congreso un proyecto de ley presentado nada menos que, por Guillermo Bermejo, y que es una copia de la ley que aprobó Evo Morales en Bolivia, en resumen; el Estado renuncia a la erradicación de los cultivos de coca para uso ilícito, esperando que los cocaleros voluntariamente dejen dicha actividad, algo que evidentemente no va a ocurrir, pues en la práctica este acuerdo sólo busca el retiro de la presencia del Estado en la zona del Vraem.
No está de más, recordar la fluida relación entre los cocaleros del Vraem con los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona de dominio de los Quispe Palomino, hecho que es ampliamente conocido, por eso; nada explica tanta “ingenuidad” para firmar semejante pacto.
El oneroso pliego presentado por los trabajadores estatales y la extraña decisión de Ricardo Soberón de paralizar la erradicación de cultivos de coca, nos llevan a una sola conclusión, hay quienes creen que su presencia en el Estado otorga el derecho a utilizarlo como su botín.
*Pablo Rioja Cueva es abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, árbitro en contrataciones con el Estado y laboral. Tiene amplia experiencia en gestión pública y docencia universitaria. Fue regidor en la Municipalidad Provincial del Santa.