Creado el Miércoles, 25 de Septiembre del 2013 07:04:37 pm

Ayer se reunió el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) con las autoridades regional, provinciales y distritales para buscar alternativas respecto al problema de la inseguridad ciudadana. Por su lado, el presidente regional convocó a una cruzada contra el sicariato y hace unos meses atrás pidió al Ejecutivo que se declare a Áncash en emergencia.

Conforme a las leyes, la seguridad ciudadana de una ciudad corresponde a su autoridad edil, quien debe trabajar de la mano con la población mediante las juntas vecinales o rondas urbanas y la policía nacional; sin embargo, en nuestra ciudad no surte efecto el plan de seguridad ciudadana a pesar de las reuniones constantes y alternativas de solución planteadas por el Coprosec. Lo cierto es que no tienen efectividad, porque la violencia es tan fuerte que a la fecha han sido asesinadas 71 personas y no hay indicios de que se detenga.

No han sido suficientes los patrulleros ni las cámaras de vigilancia, porque sencillamente no hay voluntad política de los gobernantes de tomar decisiones firmes y enfrentar esta ola de inseguridad. El artículo 44 de la Carta Política del Perú dice textualmente: “Son deberes primordiales del Estado entre otros: proteger a la población de las amenazas contra su seguridad”.

Entonces, el primer reto que tiene todo gobierno es elevar el tema de seguridad ciudadana a política de Estado, como la salud, la educación, etc. Pero, en nuestro país, parece que la vida poco le importa a nuestros gobernantes. El presidente Ollanta Humala tuvo intentos positivos en este tema, como encabezar el Consejo de Seguridad Ciudadana, eliminar parcialmente el régimen policial del 1x1, la creación de un fondo para la seguridad ciudadana y autorizar la adquisición de bienes y servicios para dotar a la policía de logística para el desempeño de sus funciones, etc. Pero ello no basta, porque no existe un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana con metas y estrategias para corto y mediano plazo. La responsabilidad es del Ministerio del Interior, que se encarga de la seguridad interna.

Tan importante ha sido y es el tema de la seguridad ciudadana que el Tribunal Constitucional se dio tiempo para tratar de explicar qué significaba realmente la palabra “seguridad ciudadana”, y sin saber la razón, la encasilló dentro del Orden Interno. Comprende tres aspectos (Expediente N.º 00017-2003-AI/TC del 16 de marzo de 2004): fundamento 8): Seguridad ciudadana ( implica la protección de la vida, de la integridad física y moral de las personas, el respeto al patrimonio público y privado, entre otros), etc.

En el fundamento 10 de dicha sentencia, sobre las FFAA y la Constitución, el Tribunal Constitucional también define la seguridad ciudadana como la preservación de la paz, la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos, sin mediar el factor político y/o el trasfondo ideológico en su vulneración. Es decir, no se excluye que las FFAA puedan garantizar, mantener y restablecer el orden interno cuando la situación lo requiera. Entonces, los soldados deben salir a patrullar las calles en coordinación con la PNP ante el incremento de inseguridad ciudadana. No es descabellada la idea, y como se les ha escapado el control de las manos a nuestras autoridades, sin necesidad de un estado de emergencia se puede poner en práctica dicha idea.

En verdad, quisiéramos ser como Luxemburgo, la ciudad más segura del mundo, donde no solo se garantiza la seguridad física, sino el respeto a los derechos humanos, donde la corrupción se castiga drásticamente; parece que esto ha originado el descontrol de la seguridad en Chimbote.

Sabino Ponce Roso

Decano del Colegio de Abogados del Santa

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