Creado el Lunes, 2 de Septiembre del 2013 06:43:49 pm

Diversos sectores de la población, y especialmente pescadores industriales, observaron con simpatía la enérgica actitud de Gladys Triveño, empeñada en acabar con injustos privilegios que anteriores gobiernos cedieron a la oligarquía pesquera, y fueron saludando una tras otra las disposiciones dictadas por la ministra, que ponía equidad en las reglas de juego de esta lucrativa actividad.

A cada denuncia de la SNP, la opinión pública se ha ido enterando, sin proponérselo, de los beneficios económicos concentrados en pocas y poderosas manos, y de los que el Estado no ha tenido voluntad política para reivindicarlos a favor de cada uno de los peruanos en una justa distribución. Con una débil defensa de parte del Estado, la SNP no ha tenido mayores problemas en acabar con cualquier posibilidad de resistencia a su abusiva conducta, aliándose con inescrupulosos personajes a los cuales los improvisó de dirigentes de la Federación de Pescadores del Perú (FPP) para gozar a su antojo de una representatividad sindical concebida de manera ilegal y con la complicidad de malos funcionarios del Ministerio de Trabajo que se encuentran sometidos a su poder.

La manera tan abrupta en la que se ha desvanecido este escenario público de conflictos entre la SNP y la ministra Triveño, y la interrupción injustificada de inminentes normas dando respuestas a las justas exigencias del pescador, siembran dudas sobre la existencia de políticas de Estado concebidas desde Palacio de Gobierno y de la firme decisión para llevarlas a cabo en la actual gestión.

¿Dónde quedó el fin del conflicto de intereses de Cerper y SGS (cuyos servicios de supervisión son pagados por la misma empresa que es fiscalizada) a través de un Decreto Supremo que iba a entrar en vigencia el 1 de octubre y que aprobaría el Reglamento del Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo? ¿No se iba a poner un alto a las altas discrepancias que existen entre el peso declarado y el peso descargado, terminando con el robo descarado en las tolvas? ¿No era imprescindible una norma que prohíba al armador pesquero el uso de medidas cautelares en sus millonarias deudas que mantiene con el Estado y con el fondo de pensiones del pescador, de tal manera que no se les otorgue zarpe sin que las haya cancelado? ¿Por qué no implantar el código de barras en los sacos de harina de pescado que permita al Estado monitorear su producción y comercialización, y acabar con la ambigüedad en su información? ¿Hay cifras oficiales en la producción de aceite de pescado, y el Estado y el pescador tienen participación en sus beneficios? ¿Hay un real justiprecio en lo que paga el empresario pesquero por una actividad que deja playas contaminadas y cero soles para programas que permitan su recuperación?

Copeinca acaba de ser vendida a la empresa china CFG y las empresas pesqueras empiezan a mover sus fichas en busca de una mejor posición, lógicamente sin ceder más ventajas ni al Estado ni al pescador industrial. ¿Cuál será la actitud que adopte el gobierno en defensa de los intereses de la nación y para proteger laboralmente al pescador? ¿Seguirá la ministra Triveño en esa titánica lucha que todo el Perú respaldó, o simplemente retirará el pie de los callos de la poderosa SNP?

César Córdova Ponce

Director de la revista La Voz del Pescador

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Foto: www.siete.pe

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