Creado el Miércoles, 12 de Junio del 2013 06:55:41 pm

Asimismo, con dicha ley se pretende que por primera vez se haga realidad la meritocracia en el Estado, teniendo como regla el concurso público y el cumplimiento de un perfil profesional. De igual modo, ponemos en conocimiento de la población que, según la Encuesta Nacional de Hogares, aproximadamente trabajan en el estado 1.4 millones de personas con un monto de pago por planillas ascendentes a 22 mil 300 millones de soles, cerca al 30% del presupuesto público.

Pero, ¿qué culpa tienen los trabajadores? Ninguna, consideramos que es producto de la irresponsabilidad de los gobernantes anteriores y el actual, ya que es sorprendente que 40 mil nuevos empleados ingresen al Estado cada año y, de esa cifra, actualmente 238 mil empleados están dentro del régimen CAS, 224 mil en el D.L. 276 y 98 mil en el D.L. 728. Es decir, la mayor cantidad de trabajadores tienen menos derechos laborales y, a pesar de realizar igual labor que otros, sus remuneraciones son menores. Esa desigualdad legal y remunerativa no se debe permitir.

Si bien es cierto que esta ley pretendería nivelar las remuneraciones de acuerdo a los niveles o categorías, no es menos cierto que con su promulgación se podría recortar muchos derechos laborales adquiridos de los trabajadores actuales debido a que se implementaría un proceso de evaluación, lo cual no es malo, pero qué grado de credibilidad daría la comisión evaluadora, ya que bien podría convertirse en una comisión de ingreso o acceso de partidarios políticos al aparato estatal.

Pero lo más lamentable y cuestionable es que dicha norma no debería tener efecto retroactivo, como se pretende ahora, ya que muchos trabajadores con más de 25 años de servicios que no pasen la evaluación y sean cesados podrían perder las bonificaciones a las que actualmente tienen derecho.

Con dicha norma se dejaría sin efecto la bonificación por tiempo de servicios y, además, se atenta contra elementales derechos constitucionales como el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga; es decir, los trabajadores no podrán negociar mejoras remunerativas, solo condiciones de trabajo.

De otro lado, consideramos que se vulnera el principio de la irretroactividad de la ley al pretender aplicar evaluación a los trabajadores con muchos años de servicios y con derechos adquiridos. Al respecto, teniendo en cuenta que anualmente se otorgan 40 mil nuevos puestos de trabajo, la Ley del Servicio Civil se podría aplicar a partir de la fecha de su promulgación y regir para estos nuevos trabajadores, cuyo presupuesto remunerativo debería establecerse en el Presupuesto General de la Republica a través del Ministerio de Economía. De este modo los nuevos trabajadores se someterán al régimen de dicha norma, bajo concurso público y meritocracia, sin perjudicar a los trabajadores que actualmente laboran y que tienen sus derechos laborales adquiridos.

Quienes impulsan y piden la promulgación de la Ley del Servicio Civil lógicamente son el Poder Ejecutivo y algunos partidos políticos interesados, así como la Confiep.

Por su lado, los trabajadores reclaman capacitaciones y respeto a sus derechos laborales, y con justa razón temen que se produzcan despidos masivos, tal como sucedió en la década de los 90. Creo que ese es el fundamento legal y social que tienen los trabajadores para oponerse a esta ley.

Sabino Ponce Roso

Decano del Colegio de Abogados del Santa

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