Creado el Viernes, 26 de Octubre del 2012 02:49:11 pm

En el Reporte de Conflictos Sociales Nº 103, correspondiente al mes de setiembre del presente año y elaborado por la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, se da cuenta de 167 conflictos activos y 71 conflictos latentes, de los cuales la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica en el departamento de Áncash (32 casos) y Puno (22 casos); le siguen los departamentos de Lima (17 casos), Apurímac (17 casos), Ayacucho (13 casos), Cusco (13 casos), Cajamarca (13 casos), Loreto (13 casos) y Piura (13 casos).

Dentro de este panorama, las cifras sobre violencia en los conflictos sociales indican que la sociedad peruana se encuentra ante un fenómeno preocupante en razón del alto riesgo de afectación a derechos que ésta acarrea. No hay que dejar de tomar en cuenta que la violencia es el lado destructivo del conflicto social.

Entre enero de 2006 y septiembre de 2011, la Defensoría del Pueblo registró un total de 540 casos de violencia en conflictos sociales, en 109 casos hubo afectaciones a la vida y a la integridad física de las personas. En el mismo período, el número total de personas fallecidas ascendió a 195, en tanto que el número de personas heridas fue 2.312, entre civiles y policías.

Es evidente que estas cifras revelan un serio problema que compromete a las entidades del Estado llamadas por ley a gestionar los conflictos y a promover espacios de diálogo y, de manera especial, a las fuerzas del orden que, en la fase de escalamiento y crisis del conflicto, intervienen para restablecer el orden público. Pero también a las dirigencias sociales que conducen las protestas, pues ellas deben dirigirlas siempre por las vías democráticas y del diálogo y no con acciones ilegales.

¿Cómo organizar mejor a las instituciones públicas a fin de dotarlas de mayor capacidad para armonizar los intereses –entrecruzados– de la sociedad y del propio Estado? ¿Cómo analizar los escenarios de riesgo en los que se puede afectar gravemente los derechos fundamentales? ¿Y qué cambios deben operar en la PNP para que su organización, intervenciones, formación y logística permitan un mejor cumplimiento de las funciones de garantizar, mantener y restablecer el orden interno? Son preguntas que han sido desarrolladas por la Defensoría del Pueblo a través del Informe Defensorial Nº 156 “Violencia en los Conflictos Sociales”, que será presentada en Chimbote el jueves 22 de noviembre y al que esperamos puedan asistir nuestras principales autoridades y público interesado.

Este esfuerzo institucional ha sido animado por la inquietud de contribuir a analizar una realidad muy compleja y de aportar a una mejor gestión y transformación de los conflictos sociales mediante el diálogo. Pero, sobre todo, nos anima la decisión de colaborar en la prevención de la violencia en las protestas públicas, con una meta muy clara: que no haya un solo muerto más en conflictos sociales en el Perú.

Hay que resaltar la importancia del “Diálogo” como un valor esencial en la sociedad, como una herramienta fundamental para la resolución pacífica de los conflictos, de cualquier problema o de una discrepancia.

Estimados amigos y amigas, me despido invocándolos a apostar por el diálogo democrático y efectivo y rechazar la violencia como forma de solución de los mismos.

Roslin Villanueva Ramírez

Coordinadora del Módulo de Atención Defensorial de Chimbote

Defensoría del Pueblo

Escuche la versión radial de LA COMUNA DEL DÍA:

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