Creado el Miércoles, 28 de Agosto del 2013 07:16:08 pm

La nueva norma también elimina los beneficios en la reducción de penas para los sicarios, homicidas y traficantes de drogas que tienen entre 18 y 21 años de edad. Asimismo, los sujetos que violen sexualmente a menores y tengan algún vínculo familiar serán castigados con cadena perpetua.

Con la nueva ley también se sancionan las nuevas modalidades del delito de marcaje, como el acopio o entrega de información, vigilancia o seguimiento o colaboración mediante el uso de armas, vehículos, teléfonos entre otros medios. El delito se agrava cuando el sujeto es servidor o funcionario público, o con vínculo laboral con la víctima o trabaje en empresas del sistema financiero, entre otros.

Los políticos señalan que dicha norma será disuasiva y que son los delincuentes quienes deben estar encerrados y no los ciudadanos enrejar las calles para tener seguridad. Por su parte, expertos abogados penalistas señalan correctamente que el endurecimiento de las penas nunca ha dado buenos resultados en el país. Y, es muy cierto, el endurecimiento de las penas en otros países, incluso planteando cadena perpetua y pena de muerte para los delincuentes, no logró reducir los índices delictivos, porque “el delincuente no tiene capacidad de discernimiento y no encuentra en la ley un amedrentamiento”.

Sin embargo, lo que pasa en nuestro país es algo peor: las normas existen, están dadas, pero lo que no funciona son los operadores del sistema penal: Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial e INPE están fallando, por lo que es probable que estas normas solo queden en el papel, aunque debemos abrigar algunas esperanzas.

Los abogados -uno de los operadores jurídicos- tienen responsabilidad para que la norma funcione, por dicho motivo la norma dispone que los abogados defensores que utilicen mecanismos dilatorios y los fiscales que no cumplan oportunamente con sus deberes funcionales sean sancionados según la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Asimismo, quienes sean condenados por cometer crímenes, la ley declara su incapacidad definitiva para obtener licencia de conducir cualquier tipo de vehículo o para portar armas de fuego o de aproximarse o comunicarse con las víctimas o de visitar internos en penales. Igualmente, se disponen mayores requisitos para obtener los beneficios penitenciarios.

Solo el tiempo determinará en nuestro país si el endurecimiento de las penas es suficiente para reducir el índice de inseguridad ciudadana y la delincuencia; sin embargo, considero que hemos llegado a una situación en la que urge hacer respetar el estado de Derecho por parte de los operadores de la justicia, como son los fiscales y jueces que tienen la obligación moral y legal de hacer cumplir las leyes sin sentirse amenazados o coaccionados por la delincuencia o la corrupción, tienen que ser impávidos al condenar a un carterista, así como a un sicario.

Llegó la hora de reducir la violencia y la inseguridad, es responsabilidad de las autoridades judiciales y políticas, no hay que lavarse las manos como Pilato. Exigimos que hagan cumplir la ley. No es mucho lo que pedimos, al fin y al cabo es su deber.

Sabino Ponce Roso

Decano del Colegio de Abogados del Santa

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Ilustración: www.gesfinxabia.com

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