¿Existe calidad académica en las universidades privadas?
Creado el Lunes, 16 de Septiembre del 2013 09:52:58 pm
El primer paso que ha dado el gobierno es impulsar Pro Calidad, que cuenta con un fondo en efectivo al cual las universidades e institutos tecnológicos públicos podrán acceder para mejorar su calidad académica y los prepare para su debida acreditación que les exigirá mediante la nueva Ley Universitaria, cuyo dictamen no alcanzó a ser aprobado en la pasada legislatura del Congreso de la República.
La acreditación a la que estarán obligadas las universidades públicas y privadas a través de esta ley se constituye en una herramienta indispensable con la que contará el Estado para asegurar un nivel académico aceptable, lo que permitirá al egresado acceder al mercado laboral sin las dificultades actuales. Esta tarea será encargada a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNAU), órgano que reemplazaría a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y al Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades (CONAFU).
Con este requisito obligatorio, la población estará mejor informada sobre las universidades que estén debidamente acreditadas y así tener la seguridad de que sus hijos y la inversión que hace en su educación superior, tendrán buenos resultados en el futuro.
¿Cuánto le cuesta a cada una de las tantas universidades privadas que existe en Áncash crear un ingeniero, un médico, un abogado o un arquitecto? ¿Cuánto invierten en programas de investigación para cada facultad y a cuánto ascienden sus utilidades netas? ¿Cuál es la capacitación pedagógica que reciben sus profesores? ¿Acaso los improvisa para tal labor?
El bajo nivel académico que en muchas de ellas se imparte (ante la nula fiscalización del Estado, la complacencia de la ANR y la débil reacción de la sociedad civil), trae como inexorable resultado la mediocridad en sus egresados. Y no hay que tener miedo en decirlo y ser hidalgos en reconocerlo. No estamos haciendo nada ante este atropello. ¿Cuántos nuevos edificios vemos con el logo de universidades privadas que de pronto han adquirido enorme poder adquisitivo? ¿Qué exigencias de calidad académica les pide a cambio el Estado? ¿Acaso los beneficiados deben ser solo los que invierten en dar educación universitaria y no los estudiantes que pagan costosas mensualidades? ¿Qué hace nuestra sociedad civil para proteger la inversión de sus jóvenes y librarlos de esta estafa educativa? Los buenos profesionales que de ellas ocasionalmente egresan es producto del 100% de esfuerzo del estudiante y de cero participación del Estado ante las pretensiones netamente lucrativas de muchas universidades privadas.
En Áncash, donde la corrupción campea en todos los sectores, la meritocracia ha cedido su espacio a la dedocracia, al compadrazgo, al favor político y al toma y daca, frustrando sus proyectos emblemáticos y restándole visión de desarrollo. La reacción de nuestra sociedad civil en defensa de la calidad académica universitaria debe ser, entonces, contundente, porque necesitamos mejorar los cuadros técnicos con profesionales de calidad que egresen de nuestros centros superiores.
La reforma universitaria es urgente, la presencia de nuestra sociedad civil fiscalizando su proceso es realmente necesaria. Es justo derecho.
César Córdova Ponce
Director de la revista LA VOZ DEL PESCADOR
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Foto: publimetro.pe
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