Creado el Viernes, 5 de Abril del 2013 03:21:38 pm

Asimismo, otro aspecto que ha generado la preocupación de la Defensoría del Pueblo, a partir de la emisión de este Decreto Legislativo es que, si un joven sale sorteado y no hace el servicio militar ni paga la multa, se declarará su muerte civil, es decir, no podrá realizar ninguna gestión ni trámites con su Documento Nacional de Identidad (DNI), el cual solo podrá emplear para identificarse hasta que logre cancelar la penalidad prevista.

En ese sentido, ya el Defensor del Pueblo, Dr. Eduardo Vega Luna, ha señalado que la implementación del sorteo no es la forma adecuada de atender la considerable disminución del número de personas que prestan dicho servicio, ya que las razones no estarían vinculadas necesariamente a su naturaleza voluntaria, sino con las condiciones en que se desarrolla y la evaluación sobre el cumplimiento de los incentivos que se ofrecen.

Esta disminución de personas que prestan el servicio ciertamente es preocupante, pero considero que amerita una mayor reflexión sobre lo que viene generando este problema, reflexión que debe incidir por ejemplo en la evaluación sobre el cumplimiento, la suficiencia y el efecto de los incentivos, sobre la forma de la instrucción, las condiciones del servicio, la exposición de los jóvenes en servicio en el Vraem, entre otros aspectos. Esta evaluación resulta necesaria para tomar medidas mucho más efectivas y fortalecer el modelo voluntario, evitando disposiciones que no van a solucionar el problema real y que va a generar un impacto negativo en el importante rol que cumplen nuestras Fuerzas Armadas en nuestro país.

En la mayoría de países se prefiere el servicio militar voluntario al obligatorio porque se entiende y valora que la convicción del servicio, previa concienciación, genera mayor compromiso y hasta gusto por el servicio a su país. Ciertamente, no se desconocen los esfuerzos del Estado en los últimos años para mejorar los incentivos que se otorgan a los jóvenes que –voluntariamente- sirven a la patria. Sin embargo, sin una evaluación de su efectividad, se pretende retornar a un modelo que en el pasado ha involucrado la afectación de derechos fundamentales de muchos adolescentes y jóvenes, como el derecho a su integridad, al libre desarrollo de la personalidad y a escoger un proyecto de vida. Derechos que tenemos todos sin ninguna excepción.

En ese sentido, se hace necesario, tal y como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, fortalecer la profesionalización de las Fuerzas Armadas, en especial del Ejército, que presenta mayores dificultades para cubrir sus necesidades de personal, a diferencia de la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú. Para ello, también se debe tomar en cuenta la importancia de incorporar a jóvenes que quieran servir como parte de su propia vocación y proyección personal y profesional. En esa medida, se deben mejorar los incentivos, especialmente aquellos vinculados con oportunidades laborales, además, de respetarse la voluntariedad del modelo actual.

Tenemos la claridad de que el Estado y sus Fuerzas Armadas deben fortalecer el servicio militar, pero dentro del modelo de servicio militar voluntario y garantizando el respeto a los derechos humanos de sus miembros. El servicio militar debe constituir una alternativa atractiva para nuestros jóvenes, deseable frente a otras opciones del servicio ciudadano. Somos concientes de que no es una tarea sencilla, en la que además todos somos responsables.

Por ello, reiteramos nuestra invocación a las autoridades del Ministerio de Defensa a recabar información y evaluar las verdaderas razones que motivan que los jóvenes no se presenten al servicio militar, evitando así el retroceso que implica la implementación de estos sorteos.

Roslin Villanueva Ramírez

Coordinadora del Módulo de Atención Defensorial de Chimbote

Defensoría del Pueblo

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Foto: Diario La República

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