Creado el Lunes, 22 de Octubre del 2012 03:45:03 pm

El 28 de febrero de 2009 se publicó la Resolución Ministerial N° 100-2009-PRODUCE, la misma que entre sus considerandos contempló lo siguiente:

“Que, asimismo, la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Áncash propone disponer que la extracción de anchoveta para consumo humano directo se ejerza solo por embarcaciones pesqueras artesanales debidamente registradas en las Direpros respectivas y se establezca el máximo de almacenamiento y descarga, entre otras medidas”.

Atendiendo este “pedido urgente” de la Direpro Áncash para establecer un registro de embarcaciones artesanales, el ministerio de la Producción resolvió en su artículo 1°:

“Establecer que los armadores de embarcaciones pesqueras artesanales solo podrán realizar actividad extractiva sobre el recurso anchoveta si cuentan con permiso de pesca vigente, sus embarcaciones tengan bodegas insuladas y cajas de hielo y se encuentren registradas en las Direcciones o Gerencias Regionales de la Producción de los Gobiernos Regionales del litoral de su zona de pesca”.

A partir de la publicación de esta norma, todos hemos sido testigos del caos que se generó en la Direpro Áncash en torno al registro de las embarcaciones y la manera tan escandalosa en la que la flota permitida pasó de menos de 100 a 237 naves, que originó inclusive que diferentes dirigentes artesanales denunciaran públicamente la existencia de naves clonadas, la depredación de la anchoveta por el exagerado número de embarcaciones registradas, así como los pagos indebidos que se hacían y que iban desde 10 mil dólares hasta 20 mil por embarcación artesanal para ser considerada en dicho registro, según constan en publicaciones de diarios locales de esa fecha.

Posteriormente, la Resolución Ministerial N° 219-2009-PRODUCE amplió el plazo de un mes que indicaba la norma anterior para registrarse en las Direpros por 60 días más, la que acompañada al proyecto de Ordenanza Regional presentada por el director de ese entonces, Luis Arroyo Guevara, que buscaba generar el excedente del 20% de la pesca para consumo humano directo para destinarla a la harina de pescado, motivó la reacción airada del dirigente conservero Walter Regalo, quien inclusive afirmó: “Para el sostenimiento de la industria necesitamos 900 toneladas diarias de anchoveta para abastecer a 31 plantas (conserveras)”, en clara alusión a la desproporción entre el volumen de la anchoveta extraída y la capacidad de producción de enlatados.

Asimismo, los empresarios conserveros advirtieron que se estaría favoreciendo a las dos únicas plantas reaprovechadoras de residuos sólidos, como son Protec Fish y COPROSAC. También el dirigente Joaquín Cruz Navarro se sumó a los reclamos y acusó al exdirector Arroyo Guevara de sobredimensionar la flota artesanal anchovetera, en desmedro de la biomasa, los pescadores artesanales y la industria conservera.

Hoy todos ellos conviven felices y, contrariamente a lo que pensaban antes, saludaron el Decreto Supremo 017-2011-PRODUCE que Kurt Burneo, arrinconado por César Álvarez y sus congresistas sometidos, les entregó elevando a 40% el descarte de anchoveta para ser destinado a la harina de pescado, y ahora se mantienen unidos para defender este negocio ilegal construido bajo el mal uso de facultades regionales, que se puso de manifiesto cuando la ministra Triveño se atrevió a querer poner orden con el Decreto Supremo 005-2012-PRODUCE y no le quedó otro camino que dar un paso atrás ante la enorme presión política que tuvo enfrente.

Estos irregulares hechos, que han traído como consecuencia la aparición de una flota de menor escala de más de 1500 embarcaciones que podrán pescar anchoveta todo el año para la harina de pescado, al amparo de una norma que bajo el término “preferentemente” les otorga tácito permiso, y la preocupación justificada del sector pesquero industrial formal, amerita no solamente la intervención del Produce para poner orden en las 10 millas marinas, sino también del Ministerio Público para investigar el comportamiento irregular de los funcionarios de la Direpro Áncash que, a la luz de una norma nacional y haciendo mal uso de sus facultades regionales, lucraron con sus cargos y fomentaron la producción de harina ilegal.

César Córdova Ponce

Director de la revista La Voz del Pescador

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