EDITORIAL RSD | Títulos de propiedad para los invasores: algunos hechos que no debemos olvidar
Creado el Domingo, 30 de Octubre del 2022 06:38:44 pm | Modificado el 02/11/2022 11:25:58 am
El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), en alianza con la Municipalidad Provincial del Santa, continúa con el proceso de formalización de predios ocupados por miles de invasores que, alegando necesidad de vivienda, durante los últimos 15 años usurparon tierras del Proyecto Especial Chinecas en dos grandes extensiones conocidas como las 308 y las 217 hectáreas.
En las últimas semanas la expedición de títulos de propiedad se ha acelerado, siendo la de ayer, sábado 29 de octubre, una de las entregas más grandes: más de 2 mil títulos para habitantes de cuatro pueblos que, de ese modo, dejarán la condición de invasiones.
Si tomamos en cuenta las cifras dadas a conocer hace 10 días por la MPS durante la segunda rendición de cuentas del alcalde provincial Roberto Briceño Franco, y le sumamos las últimas entregas, en este momento ya se han expedido unos 15 mil títulos de propiedad. Pero la proyección de la administración Briceño es que, al finalizar el año, se cierre con 25 mil títulos entregados, además de 6 mil constancias de posesión.
Es indudable que se debe formalizar a las invasiones porque, de otro modo, se postergará el derecho de miles de personas a vivir en condiciones dignas, con el consiguiente riesgo económico, social y hasta político que ello implica. Según el Plan de Desarrollo Urbano, aprobado por la gestión del alcalde Briceño, existen más de 28 mil viviendas en precarias condiciones y sin servicios básicos, principalmente en las 308 y 217 hectáreas. Para que salgan de esa condición, los nuevos asentamientos instalados en el extremo sur de Nuevo Chimbote necesitan ser integrados a la urbe, y eso solo será posible a partir de su reconocimiento como pueblos formales.
No obstante, hay algunos aspectos que no se pueden soslayar y que deben quedar escritos para que no se borren de la memoria de la historia.
En primer lugar, y aunque pueda parecer una contradicción con lo dicho antes, la entrega de títulos de propiedad a miles de invasores viene a ser, en última instancia, la validación de la ilegalidad, un premio a la informalidad y, eventualmente, un aliciente para que mucha gente continúe procediendo de esa manera. Sin embargo, frente a una situación de hechos consumados, es un proceso que ya no se puede detener.
En segundo lugar, el tráfico de terrenos no ha sido erradicado, ni siquiera combatido, y la formalización viene a ser también para los traficantes un estímulo para seguir con su ilícito actuar. Solo para hacer memoria: en enero de 2020, el entonces gerente de Desarrollo Urbano de la MPS, Alberto Alfaro Vásquez, confirmaba públicamente lo que todo el mundo sabía: que el 40 % de predios instalados en las invasiones estaban vacíos y que los traficantes vendían esos lotes hasta en 20 mil soles. “Son gente que solo lucra con los terrenos, solo tienen un corralón y luego los venden a 20 mil soles”, declaraba el funcionario a la prensa. Preguntamos: ¿de ese tiempo a esta parte qué hizo la administración Briceño contra los traficantes de terrenos? ¿Del 40 % de lotes desocupados, qué cantidad recuperó? ¿Cuál es la situación actual de esos lotes? Y, finalmente, ¿qué pasó con los grandes corralones? ¿También los recuperaron? ¿Cuántas denuncias impulsaron contra aquellos usurpadores?
En tercer término, si es cierto que hay una altísima demanda de vivienda en Chimbote, ¿por qué a la par de la oferta privada no ha surgido hasta el momento una oferta estatal de programas habitacionales para personas de escasos recursos económicos que, al fin y al cabo, son las que menos posibilidades tienen de acceder a una vivienda digna? ¿En qué quedó, por ejemplo, el programa municipal de vivienda ofrecido precisamente por la gestión de Roberto Briceño? El Plan de Desarrollo Urbano señala que hoy hacen falta 9 mil viviendas en Chimbote y Nuevo Chimbote, y para 2030 la cantidad aumentará a 19 mil. La experiencia de las invasiones masivas en el extremo sur de Nuevo Chimbote, y otras de menos magnitud en el extremo norte de Chimbote, deberían obligar a tomar en serio –a los sectores privado y estatal– la ejecución de proyectos de vivienda de interés social.
En los últimos 15 años, pero sobre todo desde la época de los comandos de César Álvarez, las invasiones le han costado a Chimbote y Nuevo Chimbote no solo más caos, tráfico de lotes al por mayor, asesinatos varios, sicariato y crimen organizado, sino también la denigrante utilización política de los invasores, vistos en cada elección como un conjunto de individuos pertenecientes a un bolsón que importa solo por su valor electoral. Entonces, no se puede romantizar un proceso que ha significado todo lo antes mencionado. En ese sentido, si no hemos aprendido la lección dada por nuestra historia reciente, entonces no hemos aprendido nada.
Radio Santo Domingo – RSD
