Gobierno de Boluarte presenta proyecto de ley para tipificar delito de terrorismo urbano
Creado el Jueves, 3 de Octubre del 2024 09:26:01 pm
El Gobierno envió al Congreso de la República un proyecto de ley que modifica el Código Penal para incluir el delito de terrorismo urbano y para establecer nuevas sanciones para quienes cometan sicariato y extorsión.
“El objetivo de esta propuesta es fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, así como desincentivar la comisión de delitos que afectan la convivencia social, la paz familiar y el desarrollo del país”, manifestó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
El nuevo marco legal define el terrorismo urbano como aquellos actos que generan zozobra en la población o en un sector de la misma, a través de delitos como la extorsión y el sicariato. Quienes incurran en estos actos serían sancionados con penas privativas de libertad de no menos de 30 años.
Asimismo, se prevé la posibilidad de imponer cadena perpetua si el perpetrador es miembro de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) o de la Policía Nacional del Perú (PNP), si utiliza armamento, material de guerra o explosivos, si recurre a armas, municiones o explosivos pertenecientes a las FF.AA. y la PNP, o si involucra a un menor de edad.
AGRAVAMIENTO DE PENAS PARA SICARIATO Y EXTORSIÓN
La iniciativa también plantea sanciones severas para los autores del sicariato, así como para quienes lo ordenen o contraten, con penas que no serán inferiores a 30 años de prisión. En caso de que el delito se cometa utilizando un menor de edad, armas de guerra, o en cumplimiento de órdenes de una organización criminal, la pena podría alcanzar la cadena perpetua. Esta severidad también se aplicará si la ejecución del crimen involucra a dos o más personas o si las víctimas son dos o más individuos.
Además, se contempla una pena de entre 10 y 15 años de prisión para aquellos que participen en una conspiración para promover o facilitar el sicariato, quienes soliciten u ofrezcan cometerlo, y aquellos que actúen como intermediarios. Si la conspiración involucra a un menor de edad, la pena ascenderá a no menos de 20 años y hasta 30 años de prisión.
El proyecto también establece que quienes cometan actos de extorsión contra personas naturales o jurídicas que presten servicios de transporte público enfrentarán penas de entre 25 y 35 años de cárcel, dependiendo de la violencia o amenazas ejercidas.
Por último, se incluye una disposición complementaria que indica que los efectivos de las FF.AA. y la PNP que sean denunciados por actos realizados en el ejercicio de sus funciones durante estados de emergencia serán investigados y, de ser necesario, procesados en el fuero privativo militar. (W.C. – RSD Noticias).
