Gobernador de Áncash: “Rechazo cualquier acto ilícito atribuible a mi persona”
Creado el Sábado, 27 de Noviembre del 2021 01:16:42 pm
El gobernador regional de Áncash, Henry Borja Cruzado, negó públicamente haber cometido algún delito en el proceso de nulidad del contrato para la ejecución de una obra de 44 millones de soles en Casma que le ha costado una denuncia penal por presuntamente haber solicitado una coima cuantiosa a través de intermediarios y que, eventualmente, podría costarle también la libertad.
“(…) desde ya rechazo cualquier acto ilícito atribuible a mi persona”, dijo a través de un video publicado en la fanpage institucional del Gobierno Regional de Áncash (GRA).
En la víspera, las viviendas de Borja Cruzado y de otros cuatro investigados por cohecho pasivo propio y tráfico de influencias fueron allanadas por un equipo de la Fiscalía Anticorrupción de Huaraz de manera simultánea en Nuevo Chimbote y Huaraz.
El fiscal anticorrupción Robert Rojas Ascón, a la cabeza de la investigación, también había solicitado la detención preliminar por 7 días de Borja Cruzado y de los demás investigados, pero el juez de Investigación Preparatoria Anticorrupción, Rubén Yauri Ramírez, lo declaró infundado.
El fiscal pedía la detención preliminar al considerar que el gobernador de Áncash rehúye de la acción de la justicia al no presentarse a las diligencias y porque podría obstaculizar las investigaciones en su contra. No obstante, el juez consideró que eso no era suficiente para deducir peligro de fuga y obstaculización de la justicia.
El mandatario regional se refirió en el video a la diligencia de allanamiento, registro domiciliario, incautación y acceso a la información ejecutada ayer por los fiscales. Según dijo, “se les ha brindado todas las facilidades en mi domicilio en (Nuevo) Chimbote y en la sede del Gobierno Regional de Áncash (GRA)”.
Pero Borja Cruzado ya no vive en el inmueble de la urbanización Garatea, en Nuevo Chimbote, consignado como su domicilio. El juez, sin embargo, determinó que “no constituyen per se aspectos que revelen obstaculización de la averiguación de la verdad”, máxime si “dicho funcionario cuenta con domicilio laboral de público conocimiento”.
La investigación fiscal incluye también al exgerente general del GRA Frank Cerna Toledo, al abogado Jhon Yony Fierro Trejo, y a Michel Esaú Miranda Gambini y Javier Malaca Flores. El caso surge tras una denuncia penal de la representante del Consorcio Jireh, Ziany Paola García Fernández, luego de la anulación de un contrato que ella había firmado con el GRA el 14 de diciembre del año pasado, un día antes de que Borja Cruzado asumiera el cargo de gobernador encargado, para la ejecución de la obra de mejoramiento de la carretera Buena Vista Alta-caserío Mojón, en la provincia de Casma, por un valor de 44 millones de soles.
Según la denuncia de la empresaria, el gobernador regional a través de emisarios solicitó el pago de 300 mil soles más el 20 % del primer adelanto de obra a cambio de no anular el contrato, pero no aceptó.
Borja Cruzado, a través del video difundido ayer, no se refirió puntualmente a la acusación detallada de la empresaria, pero sí explicó la razón que le llevó a anular el contrato, y que se fundamenta en dos hechos.
Detalló que el 19 de febrero de 2021 la SBS le comunicó que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Niño Rey de Huamanga no estaba autorizada para emitir cartas de línea de crédito para procedimientos de contrataciones con el Estado. El consorcio Jireh había presentado una carta de dicha cooperativa, “lo cual es una causal de nulidad, según lo establece el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado”, señaló Borja Cruzado.
Y un mes después, el 19 de marzo de 2021, la Gerencia Regional de Control de Áncash, órgano de la Contraloría, emitió un informe de hito de control donde da cuenta de hasta 9 graves observaciones al expediente técnico al expediente de contratación de la obra.
“Ante la intervención de la fiscalía, como gobernador regional soy el mayor interesado en que estos hechos se esclarezcan con la finalidad de salvaguardar los intereses de nuestra región ancashina, por lo que desde ya rechazo cualquier acto ilícito atribuible a mi persona”, aseveró.
Y luego reveló que por haber anulado el contrato de la obra fue amenazado públicamente nada menos que por el representante legal de una de las empresas del Consorcio Jireh: el hijo del gobernador regional de Huánuco.
“El representante legal de una de estas empresas es el hijo del gobernador regional de Huánuco, quien ya en una ocasión pasada en el GORE Ejecutivo realizado en Iquitos amenazó públicamente con denunciarme por este caso”, dijo. El GORE Ejecutivo de Iquitos se llevó a cabo en setiembre pasado.
“Reitero mi compromiso y colaboración para el esclarecimiento de estos hechos delictivos, caiga quien caída; el que no la debe, no la teme”, concluyó.
(RSD Noticias).
