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CANAL SANTA-SAN BARTOLO | Gobernador de Áncash vs. Informe de Contraloría

Juan Carlos Morillo Ulloa afirma que la obra que costó S/36 millones tuvo conformidad de Chinecas y sirve a los agricultores, sin embargo Contraloría pone en evidencia una serie falencias, incluso en el tramo que fue ejecutado
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Al empezar a leer esta nota, recuerde lo siguiente: la construcción del canal Santa-San Bartolo es una obra pública que empezó en el año 2009 durante la primera gestión del hoy preso ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar. Costaba inicialmente 17 millones de soles y se debían construir 11 kilómetros de canal en 220 días (poco más de 7 meses). Terminó costando más de 36 millones de soles y solo se construyeron 9 kilómetros en 814 días (más de dos años). La obra fue financiada por el Proyecto Especial Chinecas y ejecutada por el Consorcio San Bartolo, integrada, entre otras, por JJM Minería y Construcción SAC, representada por Juan Carlos Morillo Ulloa, hoy gobernador regional de Áncash, y JJM Contratistas Generales SRL, representada por su hermana Janeth Etelvina Morillo Ulloa. 

LA CONFORMIDAD DE CHINECAS

Esta semana el gobernador Morillo Ulloa reapareció en Huaraz luego de su ausencia por licencia. Al defenderse de los cuestionamientos por la construcción del canal Santa-San Bartolo, afirmó que “no es una obra fantasma”, que la Contraloría General de la República no ha determinado responsabilidad en las empresas constructoras que ejecutaron la obra, y que esta cuenta con conformidad y hasta fue liquidada, dando a entender que todo se hizo se manera correcta y según los términos del contrato; sin embargo, lo dicho por el contralor Nelson Shack Yalta y lo que consta en un informe de auditoría de cumplimiento de la Contraloría evidencian todo lo contrario.

La semana pasada, durante una visita a Chimbote, el contralor general de la República señaló que su institución, tras una auditoría realizada en el 2015, encontró responsabilidad tanto en los funcionarios de Chinecas como en las empresas que participaron en la ejecución del canal Santa-San Bartolo; no obstante, dijo que no le correspondía actuar contra “el corruptor privado”, ya que eso era trabajo de la Fiscalía. “En el caso de las empresas, consideramos que han estado vinculadas a estos procesos de corrupción”, aseguró el contralor. 

La conformidad dada por Chinecas a la obra no necesariamente implica que esta haya sido bien ejecutada. El informe N° 725-2015 de la auditoría de cumplimiento practicada por la Contraloría al Proyecto Especial Chinecas detalla una serie de graves elementos de convicción que permiten advertir irregularidades e incluso ilícitos cometidos por funcionarios de Chinecas con la finalidad de favorecer al consorcio constructor, desde el pago de adelantos no contemplados en las bases y las normas, hasta pago de adicionales y por metas físicas que no se ejecutaron. 

LO QUE HICIERON, LO HICIERON MAL 

Pero no solo eso. En abril y mayo de 2015 la Contraloría hizo una verificación del estado de los tramos del canal construido por el Consorcio San Bartolo. La verificación se efectuó en presencia de funcionarios de Chinecas. El informe de control pone en evidencia un mal trabajo del consorcio en cuestión.  

El documento indica que se verificó que los tramos Km 8+040 al 9+060, Km 10+000 al 10+320 y Km 10+880 al 11+020 del canal “no cuentan con berma de protección”, lo que conlleva a que debido al humedecimiento haya crecido vegetación silvestre, cuyas raíces afectan las paredes laterales del canal y, a la postre, genera rajaduras y desprendimiento de los paños de concreto. 

Asimismo, se encontró que debido a las filtraciones de agua que penetran por la berma superior y por las juntas de dilatación, se ha generado el desprendimiento de los paños de concreto del canal. Estas fallas se observaron en varios tramos.

La visita inspectiva de la Contraloría realizada en el 2015, cuando la obra ya contaba con “conformidad” de Chinecas y estaba liquidada, detectó también que en las juntas de dilatación el material de relleno se había desprendido por falta de una correcta adherencia al concreto, lo que a la larga generaría más rajaduras y desprendimiento de las paredes.

Sobre el acabado de revestimiento de concreto que se debió colocar en el canal, la Contraloría indica que ha verificado que existe afloramiento del agregado grueso (piedra) en la cara externa húmeda y en el borde libre, lo que “denota la poca calidad del concreto que reviste el canal”.

La Contraloría agrega en su informe que se ha logrado evidencia de que los rellenos de los terraplenes sobre los cuales se apoya en canal “no fueron compactados”, lo que generó que estos se desprendan por acción erosiva de la naturaleza y el hombre.

Uno de los componentes más importantes de la obra fue el revestimiento con concreto del canal. El informe de control indica que se encontraron tramos del canal que no fueron revestidos, en total se trata de 1.889 metros lineales que están en esta condición, pese a que han sido considerados como parte de obra ejecutada.

El gobernador Morillo también ha manifestado esta semana que el canal Santa-San Bartolo, si bien no se ejecutó al 100 %, sí se hizo en su mayor parte y sirve a los agricultores. Sin embargo, el informe de control recoge el testimonio de dos dirigentes agrarios de la zona quienes señalaron que el canal les genera dificultades para regar porque está mal ejecutado. Una prueba de eso sería que los drenes de desagüe tienen su nivel de piso por encima del agua de riego que hay que evacuar.  

TODO ESTÁ EN MANOS DE LA FISCALÍA 

La Contraloría –como ya hemos informado- ha establecido que el proyecto se ejecutó sin considerar la fase de preinversión, pese a su obligatoriedad por el SNIP, lo que generó 12 adicionales de obra, dos adicionales de servicio, 594 días de ampliación de plazo, un proceso arbitral y que se efectúen otros gastos. Todo ello desencadenó un pago de 36 millones 583 mil 730 soles al Consorcio San Bartolo. La Contraloría estableció responsabilidad por peculado en al menos 46  personas y derivó el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaraz, pese a que la obra se ejecutó en Chimbote.

La Fiscalía de Huaraz hizo observaciones a la denuncia de la Contraloría, calificó el ilícito como negociación incompatible y solo comprendió en la investigación a 7 personas. El caso llegó el año pasado a la Fiscalía Anticorrupción del Santa. El 15 de octubre de 2018 el fiscal anticorrupción Carlos Manuel Roncal Cancino, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa, dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria (Disposición N° 6-2018) contra 7 exfuncionarios de Chinecas. El ex gobernador regional César Álvarez no figura en la investigación. Tampoco Juan Carlos Morillo y los otros representantes del consorcio que ejecutó la obra.  

El procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia, sostiene que la fiscalía debería evaluar la calificación del delito pues es evidente que se produjo un caso de colusión. Por el delito de negociación incompatible solo son procesados los funcionarios públicos. Pero si la fiscalía estableciera la figura delictiva de la colusión, entonces podría comprender en el caso a Morillo Ulloa y al resto de empresarios que terminaron siendo beneficiados con el actuar delos funcionarios de Chinecas. 

El diario Correo de Chimbote informó el último domingo que la fiscal superior María del Rosario Valencia Pozo emitió una disposición declarando nula la Disposición N° 6-2018 y pidiendo al fiscal a cargo del caso emitir un nuevo pronunciamiento, con lo cual se abre la posibilidad de que en los próximos días se sumen más investigados. El caso ahora está en manos del fiscal anticorrupción Wilber Delgado. (ME – RSD Noticias).