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EL CANAL “FANTASMA” DE CHINECAS | El caso que salpica a Morillo: estos son los investigados y no investigados

No se ejecutó ni la mitad de la obra, pero se pagó 36 millones de soles, 19 millones más que el presupuesto inicial. Juan Carlos Morillo, uno de los ejecutores de la obra, y César Álvarez, en cuya gestión ocurrió este caso escandaloso, no han sido incluidos en la investigación 

Un reportaje del programa “Cuarto Poder” ha recordado que el Gobierno Regional de Áncash (GRA) desembolsó durante el primer periodo de gestión de César Álvarez Aguilar la friolera de 36 millones de soles a favor del Consorcio San Bartolo a cambio de la construcción del canal integrador Santa-San Bartolo, del Proyecto Especial Chinecas, una obra que, sin embargo, nunca fue terminada, pese a lo cual fue entregada, recepcionada y liquidada. “Obra fantasma”, tituló Cuarto Poder.

El Consorcio San Bartolo estuvo integrado por cuatro empresas, una de ellas JJM Minería y Construcción SAC, representada por Juan Carlos Morillo Ulloa, hoy gobernador de Áncash. El canal de 11 kilómetros costaba inicialmente 17 millones de soles. Al final el Consorcio San Bartolo no concluyó la obra, pero terminó cobrando 36 millones de soles. 

El caso es investigado desde el 2017 por el Ministerio Público. Tras la investigación preliminar, ahora se desarrolla la investigación preparatoria. El plazo de 120 días señalado para ese propósito venció el 15 de febrero de este año. 

RSD revisó la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria (Disposición N° 6-2018) dada el 15 de octubre del año pasado por el fiscal anticorrupción Carlos Manuel Roncal Cancino, y ha preparado un resumen de los hechos escandalosos ocurridos antes, durante y después de la ejecución de esta obra abandonada durante la gestión del ahora preso exgobernador de Áncash, César Álvarez Aguilar, y que salpica al actual gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa.

LOS INVESTIGADOS

El primer hecho escandaloso es que la fiscalía no ha investigado nada. De acuerdo con la Disposición N° 6-2018 del Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa, que dispone la formalización y continuación de investigación preparatoria por 120 días, absolutamente todo lo que tiene el fiscal se basa en la denuncia formulada por el procurador público de Asuntos Judiciales de la Contraloría General de la República. 

La investigación, según la calificación del Ministerio Público, es por negociación incompatible, delito que se pone de manifiesto cuando “un funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta o por acto simulado, se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo”. Este delito es sancionado con una pena mínima de 4 años y una máxima de 6. Los comprendidos en la pesquisa son:

  • Arnulfo Moreno Corales, gerente general de Chinecas de setiembre de 2009 a noviembre de 2011.
  • Elvis Camarena Luna, gerente general de Chinecas de noviembre de 2011 a julio de 2014.
  • Álvaro Javier Saldarriaga Condoy, gerente de Obras de Chinecas de julio de 2009 a enero de 2012. 
  • Dante Edward Jiménez Mejía, gerente de Obras de Chinecas de febrero a agosto de 2010.
  • Ismael Víctor García Rivera, gerente de Obras de Chinecas de agosto a diciembre de 2010.
  • Aldo Alfonso Mautino Bastos, asesor legal de Chinecas de enero a diciembre de 2010.
  • Fernando Rocca Luna Victoria, asesor legal de Chinecas de enero a diciembre de 2012.

Todos ellos son acusados de haber mostrado un presunto interés indebido en el pago de adelantos, valorizaciones y adicionales a favor del consorcio y la supervisora. 

LOS NO INVESTIGADOS

Aunque se evidencia que los funcionarios señalados actuaron con el propósito de favorecer al Consorcio San Bartolo y a la supervisora Cesel, los representantes de dichas empresas, Francisco Argumedo Estay y Duilio Ayaipoma Nicollini, respectivamente, no fueron incluidos en las pesquisas. La fiscalía los comprendió como testigos.

El Consorcio San Bartolo estaba integrado por A & R SAC Contratistas Generales, representado por Francisco Argumedo Druett; Project Construcciones SAC, representado por Yuri Manrique Rivera; JJM Minería y Construcción SAC, representado por Juan Carlos Morillo Ulloa, y JJM Contratistas Generales SRL, representado por su hermana Janeth Etelvina Morillo Ulloa. Todos ellos tampoco fueron incluidos en la investigación. El procurador anticorrupción Richard Asmat ha dicho esta semana que la fiscalía debería evaluar la calificación del delito pues es evidente que se produjo un caso de colusión. Por el delito de negociación incompatible solo son procesados los funcionarios públicos…// Pero si la fiscalía estableciera la figura delictiva de la colusión, entonces podría comprender en el caso a Juan Carlos Morillo y al resto de empresarios.

LAS EVIDENCIAS DEL DELITO

Tras un ‘proceso de selección’ realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el 17 de diciembre de 2009 el Consorcio San Bartolo y Chinecas, representado por su gerente Arnulfo Moreno, firmaron el contrato para la construcción de 11 kilómetros del canal Santa-San Bartolo, que comprendía el tramo desde el km 2+102 al km 13+303.

Para la Contraloría y la Fiscalía, el contrato se firmó de manera irregular porque hasta esa fecha el Ministerio de Economía y Finanzas no había aceptado el pedido de Chinecas para exonerar este proyecto del SNIP, lo cual recién ocurrió el 21 de enero de 2010.

Otro acto irregular ocurrió el 31 de diciembre de 2009. Chinecas aún seguía sin recibir respuesta a su pedido de exoneración del SNIP, pero entregó el terreno a la contratista. Además, dejó sentado que “no había impedimento para el inicio de la obra”, pese a que en el mismo documento se dejaba constancia de que los terrenos donde se construiría el canal, el camino de servicio y la berma estaban ocupados por moradores, viviendas y servicios en general.

PAGO ILEGAL DE ADELANTOS

Unos días antes, el 24 de diciembre de 2009, pese a que las bases no contemplaban ningún tipo de adelanto, la contratista solicitó 3.5 millones de soles (20 % del valor de la obra). De acuerdo con el informe de la Contraloría y la investigación fiscal, cinco días después el entonces gerente de Obras de Chinecas, Álvaro Saldarriaga Condoy, requirió al jefe de Administración del proyecto especial que comprometa 10.7 millones de soles para garantizar el futuro pago de adelantos y valorizaciones a favor de la contratista. “Dicha acción permite evidenciar un comportamiento tendiente a favorecer con pagos al consorcio”, se lee en el documento fiscal.

El gerente de Chinecas Arnulfo Moreno no autorizó de inmediato el pago, pero tampoco lo denegó, lo que hizo fue solicitar una opinión a la OEI, la misma que el 20 de enero de 2010 respondió que los adelantos debían darse “de acuerdo a la Ley de Contrataciones”, es decir, solo si eso estaba contemplado en las bases, y en este caso no lo estaba. 

La opinión de OEI y las normas de contrataciones evidenciaban que el adelanto no correspondía, no obstante el 22 de enero de ese mismo año, el gerente de Asesoría Jurídica de Chinecas, Aldo Mautino Bustos, emitió un informe indicando que no había impedimento para otorgar el adelanto solicitado. Fue así que el 2 de febrero Chinecas desembolsó a favor del Consorcio San Bartolo la suma de 3.5 millones de soles por adelanto directo, y además 7.1 millones de soles por adelanto para materiales. 

El 11 de enero de 2010 Arnulfo Moreno, a nombre de Chinecas, firmó un contrato por 1 millón 600 mil soles con la empresa Cesel, representada por Duilio Ayaipoma Nicollini, para que supervise la obra. El plazo de ejecución del canal Santa-San Bartolo fue de 220 días calendarios y comenzó a ejecutarse el 3 de febrero de 2010. Como se había efectuado el pago de un adelanto a la contratista, la supervisora también recibió un adelanto directo de 483 mil soles, equivalente al 30 % del monto de su contrato. 

¡DE S/ 17 MILLONES A S/ 36 MILLONES!  

La Contraloría y la Fiscalía concluyeron que en total Chinecas desembolsó 36.5 millones de soles a favor de la empresa contratista, pese a que la obra inicialmente había sido presupuestada en 17.7 millones de soles. Eso ocurrió gracias a que Chinecas aprobó 12 adicionales de obra, 2 adicionales de servicio, 594 días de ampliación de plazo, un proceso arbitral y otros gastos, aun cuando la obra no fue ejecutada de acuerdo a la meta física contratada.

El 16 de abril 2012, el nuevo gerente general de Chinecas, Elvis Camarena Luna, firmó con la empresa contratista un convenio de resolución parcial del contrato, sin responsabilidad de las partes, correspondiente a los tramos km 6+980 al 8+40, km 9+310 al 9+490 y 12.720 al 13+303, los cuales decidieron que ya no se iban a ejecutar a consecuencia de “la elevada onerosidad ya expuesta... siendo causa de fuerza mayor”.

Sin embargo, la Contraloría ha desestimado dicho argumento y más bien puso en evidencia que la obra no había pasado la fase de preinversión (estudios), lo cual le hubiera permitido evaluar la conveniencia del proyecto y si era factible ejecutarlo.  

Asimismo, cuestiona que Chinecas haya pagado a la supervisora el monto íntegro del contrato que firmaron cuando la obra se ejecutó solo en un 50.7 %. Incluso indica que la supervisora pidió en junio de 2010 un primer adicional de 133 mil soles, y luego hizo lo mismo en setiembre de 2010 cuando pidió un segundo adicional de 267 mil soles. 

La investigación da cuenta que ante el pedido de pago del segundo adicional, el entonces gerente de Obras de Chinecas, Ismael García Rivera, esposo de la fiscal superior Nancy Moreno Rivera, coordinadora de la Fiscalía Anticorrupción del Santa que investiga el caso, observó que el monto sobrepasaba el 15 % que disponen las normas y pidió a la supervisora que hiciera un reajuste. El 22 de octubre de 2010 la supervisora volvió a presentar su pedido de segundo adicional ajustado a 106 mil soles. Lo curioso, por decir lo menos, es que Ismael García dio su visto bueno el 21 de octubre, es decir un día antes de que el pedido fuera presentado.

LAUDO MILLONARIO 

El Consorcio San Bartolo planteó contra Chinecas una demanda de arbitraje debido a que el proyecto especial no quería pagarle todo lo que reclamaba. La demanda dio como resultado un laudo arbitral emitido el 16 de mayo de 2012, mediante el cual se reconocía 12 de las 28 pretensiones de la empresa contratista y se ordenaba que Chinecas le pagara 6.8 millones de soles.

Después de ganar dicho proceso, el 13 de julio de ese mismo año el Consorcio San Bartolo le pidió a Chinecas una reunión de conciliación y presentó como pretensión para dar por superado el problema que el proyecto especial abonara a su favor 7 millones de soles por los siguientes conceptos: 5.4 millones de soles que representaban el 80 % del monto ganado por el laudo, 1 millón 500 mil soles por los intereses y 88 mil soles por el costo del arbitraje.

Lejos de observar los montos, el asesor legal de aquel entonces, Fernando Roca Luna Victoria, recomendó que se le pague a la contratista los 7 millones de soles que pedía. El funcionario hizo tal recomendación pese a que los intereses, según la Contraloría, estaban inflados en más de 1 millón 300 mil soles pues correspondían a las 28 pretensiones del consorcio, cuando solo había ganado 12. El laudo de 7 millones de soles fue pagado el 27 de agosto de 2012. 

NI SIQUIERA EJECUTARON BIEN LO POCO QUE HICIERON

Sumado al laudo, el 3 de diciembre de 2012 el gerente Elvis Camarena aprobó la liquidación del proyecto, lo que significaba que para él todo estaba bien. No obstante, en una visita de campo la Contraloría detectó que además de todas las irregularidades antes mencionadas, la empresa contratista no había cumplido con ejecutar bien ni siquiera la parte del canal que hizo, pues había tramos sin berma de protección, rellenos sin compactar, desagües construidos por encima del nivel del agua a evacuar y 1.889 metros lineales de canal sin revestir.

La Fiscalía –como se ha mencionado líneas arriba– dispuso que la continuación de la investigación preparatoria se realice en un plazo de 120 días, el mismo que venció el 15 de febrero de este año. Hoy, más de un mes después, aún no hay noticias de la acusación fiscal ante el Poder Judicial contra los presuntos responsables de la ejecución de esta obra que comenzó siendo una esperanza para los agricultores de Rinconada, San Bartolo y el valle de Santa y que ha terminado como una prueba más del nefasto gobierno de César Álvarez Aguilar, quien dicho sea de paso tampoco está comprendido en la investigación fiscal. (ME/W - RSD Noticias).