Se tumban a los fiscales anticorrupción que intervinieron “La centralita” (nota completa)
Creado el Martes, 19 de Julio del 2011 03:51:59 pm
La resolución que dan por concluidos los nombramientos de los fiscales está firmada por el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, lleva el número 1324-2011 y aparece publicada hoy en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.
El documento da cuenta del cese de los abogados César Fernando Jiménez Rodríguez y Francisco Javier Estrada Rodríguez como fiscales provinciales provisionales y como miembros de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La misma suerte corren los fiscales anticorrupción adjuntos Miguel Ángel Vilca Zavala y Cristian Enrique Aceijas Silva.
¿INTERVENCIÓN ILEGAL?
La primera parte de la resolución revela que el fiscal superior Farro Murillo emitió un informe en el que acusa a sus propios fiscales anticorrupción de una presunta intervención ilegal, afectando derechos de terceros.
La supuesta “intervención ilegal” es la que se realizó el miércoles pasado al edificio donde operaba un equipo externo de imagen del presidente regional César Álvarez que –de acuerdo a la denuncia del excomando Juan Calderón– utilizaba métodos montesinistas en el desarrollo de sus actividades.
¿Y quién fue el “tercero” afectado en sus derechos? Supuestamente, el parlamentario electo Heriberto Benítez Rivas, abogado de Álvarez, quien se mudó de Lima a Chimbote para postular al Congreso en representación de la alianza fáctica Cuenta Conmigo-Solidaridad Nacional y que, al hacer su cambio domiciliario, registró en su DNI la dirección de “La Centralita”, donde ocupa un departamento en el tercer piso.
Ayer, en Lima, Benítez se presentó a través de RPP como “perseguido político” al declarar que “su departamento" fue intervenido por los fiscales anticorrupción por una represalia del Gobierno Central en contra suya tras haber declarado que, si se encontrara culpable a Alan García y Jorge del Castillo por el caso Business Track, deberían ir presos. Pero el miércoles pasado, el mismo día de la intervención, había declarado a la prensa que eso era consecuencia de la denuncia de “un sujeto de apellido Calderón”.
En su denuncia, como se recuerda, Calderón había acusado al presidente regional de utilizar mensualmente 500 mil soles de los “diezmos” para pagar a jueces, fiscales, policías y periodistas. Supuestamente en "La centralita" se planeaba y ejecutaba actividades ilícitas para controlar a periodistas y medios, y estrategias contra los críticos del mandatario ancashino, quien por su parte se reunía allí con su entorno más cercano.
EL REEMPLAZANTE
La resolución del Fiscal de la Nación da cuenta también que el abogado Martín Pedro Garay Mercado es el nuevo fiscal provincial provisional designado para el despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial del Santa. (Sistema Informativo RSD).
