Creado el Miércoles, 12 de Septiembre del 2012 03:15:36 pm

Para empezar, debemos ser hidalgos en reconocer que a más de un año de la vigencia de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, se ha originado un cambio de conducta en los operadores del derecho, solo que el error ha sido no dialogar y sesionar para que juntos, los operadores del derecho, jueces, fiscales, abogados, defensores de oficio, procuradores, etc., puedan tomar acuerdos como plenos penales distritales en los que se adopten criterios uniformes y no haya la contradicción que se ha suscitado. Entonces, frente a un caso se resuelva y actué de manera uniforme y no contradictoria.

Creo que lo sucedido con la libertad de peligrosos delincuentes no debe volver a suceder. Entonces, nos preguntamos: ¿cuándo acabarán los cuestionamientos a las conductas y capacidades de los magistrados? Cuando se entienda que si los operadores del derecho se juntan para analizar la correcta aplicación de la norma de manera uniforme, se evitará las contradicciones y fallos judiciales absurdos. Porque es dañino y deja una mala imagen que el presidente de la Corte defienda a su juez y el presidente de la Junta de Fiscales a su fiscal.

La justicia no es una disputa para demostrar que alguien tiene la razón sobre el otro, no. la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde y que esté dispuesto a aceptar el fallo o decisión judicial, sin perjudicar a los intereses de la sociedad. Por dicho motivo, considero y propongo que, en la brevedad posible, se lleve a cabo un pleno conjunto en materia penal en nuestro distrito judicial sobre la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, donde participen todos los operadores del derecho. Solo así se logrará adoptar un criterio único y evitar escándalos de libertades como la suscitada por el fallo de la jueza Erika Rodríguez.

Por último, considero que los presidentes deben respetar los resultados del referéndum que organiza el Colegio de Abogados del Santa el 15 de octubre, ya que dicho resultado demostrara la idoneidad y conducta tanto de fiscales como jueces de nuestro distrito judicial. Por eso, la evaluación será objetiva con presencia de observadores del Poder Judicial, Fiscalía y Defensoría del Pueblo, para que se garantice un proceso transparente y veraz. Pero, los que salgan desaprobados, deben dejar el cargo o ser cesados en él, porque jueces o fiscales cuestionados lo único que hacen es dañar más la imagen del Poder Judicial y Ministerio Público.

Sabino Ponce Roso

Decano del Colegio de Abogados del Santa

Escuche la versión radial de LA COLUMNA DEL DÍA.

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