Congresista Benítez pide a fiscal de la Nación que investigue “de inmediato” al procurador Salas
Creado el Jueves, 15 de Mayo del 2014 02:10:58 am
Benítez Rivas no solo negó la existencia de dicha organización criminal y acusó a Salas Beteta de haberlo “inventado”, sino que hoy mismo solicitó formalmente al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, que inicie de inmediato “una exhaustiva y profunda investigación” contra el procurador anticorrupción.
El parlamentario acusó al abogado del Estado de haber “perpetrado graves delitos contra la fe pública, contra la administración de justicia y otros ilícitos penales”, que -según afirma- deben ser determinados por el Ministerio Público y luego formalizar denuncia ante el Poder Judicial.
En base a la publicación del diario Perú 21, replicada por la web de El Comercio, el amigo, exabogado y escudero de César Álvarez señala que el procurador Salas ha “alterado la verdad, intencionalmente ha efectuado afirmaciones temerarias, falsas e inexactas” y, sin pruebas, lo ha sindicado como parte de una organización criminal.
Agrega que esas acusaciones en su contra pueden inducir a error a las autoridades y a la opinión pública. “Ha puesto en peligro mi vida, libertad individual e integridad física y la de mi familia, pretendiendo formar una pesquisa judicial, a sabiendas de que no he cometido ninguna infracción punitiva, ni soy integrante de alguna organización o red criminal”, se lee en el documento remitido por Benítez al fiscal de la Nación.
LA RED DE CORRUPCIÓN EN ÁNCASH
El informe de la Procuraduría Anticorrupción fue enviado este mes a la Fiscalía Anticorrupción del Santa. El diario Perú21 indica que, de acuerdo a ese documento, el presidente regional César Álvarez estaría al frente de una organización criminal formada por 16 personas, entre ellos el alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo Rojas; los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo; el abogado Rodolfo Orellana; el empresario Martín Belaunde, y Jorge Burgos, encargado de la imagen del titular ancashino.
Según el documento, Álvarez habría autorizado “el empleo de sicarios para amedrentar y/o eliminar a sus adversarios políticos, denunciantes o testigos de los hechos criminales y habría utilizado a testaferros para ingresar dinero mal habido a la economía (…) simulando no tener ningún bien registrado a su nombre”.
Además, “habría dispuesto la compra de periodistas y el soborno de autoridades policiales, fiscales y judiciales para garantizar su poder e impunidad”.
Por eso la Procuraduría solicitó a la Fiscalía Provincial Anticorrupción del Santa que se amplíe investigación contra aquellos que aún no figuran en el proceso.
Además, para la procuraduría Álvarez debería ser procesado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, interceptación telefónica, peculado doloso, cohecho pasivo propio y encubrimiento personal. (RSD Noticias).
Infografía: Perú21
Lea aquí la denuncia presentada por Heriberto Benítez.
Lea aquí el informe completo publicado por Perú21.