AMENAZADAS DE MUERTE | Dos fiscales de Chimbote en grave riesgo
Creado el Miércoles, 29 de Mayo del 2019 01:08:27 pm | Modificado el 06/10/2021 01:34:07 pm
En una conferencia de prensa, dos fiscales del Ministerio Público del Santa denunciaron esta mañana ser víctimas de amenazas de muerte que vendrían de parte de personas que son investigadas por sus despachos.
MINERÍA ILEGAL
La titular de la Fiscalía en Materia Ambiental del Santa, Evelyn Lamadrid Vences, reveló que en enero de este año una persona, cuyo nombre mantienen en reserva, llegó a su despacho y le dijo a un fiscal adjunto, que los investigados por un caso de minería ilegal en el sector La Carbonera, en el distrito de Nuevo Chimbote, habían contratado a sicarios de la Jauría de Trujillo para asesinarla.
Este caso ya está en juicio oral en la Corte Superior de Justicia del Santa y la fiscal ha solicitado 7 años de cárcel para los investigados, por la realización de actividades de minería informal en terrenos destinados a la agricultura.
La magistrada comentó que se ha solicitado en varias oportunidades resguardo ante la Policía Nacional y que incluso este pedido cuenta con el aval de la fiscal de la Nación; sin embargo hasta ahora no cuenta con aunque sea un agente de seguridad.
“Los despachos fiscales no tenemos garantías para intervenir”, cuestionó Lamadrid. Agregó que por ejemplo tienen conocimiento que en el sector de Barcacay, en la provincia de Huarmey, realizan minería ilegal Los Patrones de Barranca, pero no pueden intervenir por falta de seguridad.
La fiscal dijo que sin seguridad no es fácil intervenir en esas zonas, más aún si los mineros informales saben quiénes son los fiscales que los investigan. “Es muy fácil que atenten contra nosotros, porque entre ellos se matan… no sería difícil que atenten contra nosotros”, agregó. La Madrid Vences contó que luego del Día de la Madre, en Barranca una persona ligada a estos actos de minería ilegal fue asesinada de 14 balazos.
“Se mueve muchos millones de soles en minería ilegal, y si hablamos en pesca, también son millones de soles. Esos dos rubros son los que trabajamos, y estamos yendo contra los grandes, entonces la única forma de seguir avanzando es contar con seguridad del Ministerio del Interior, porque me puede pasar de algo. Son bandas organizadas”, comentó la magistrada, quien el lunes ha presentado acusación fiscal con pedido de 3 años y 8 meses de cárcel y el pago de una reparación civil de 2.9 millones de soles en contra del representante legal de la empresa dueña del buque factoría Damanzaihao.
CASO LUIS ARROYO ROJAS
Por su parte, la fiscal adjunto superior Karla Zuloaga Pajuelo ha denunciado haber sufrido dos atentados contra sus bienes, lo que considera son amenazas contra su vida que vendrían de parte del exalcalde de la provincia del Santa, Luis Arroyo Rojas, y otros procesados junto a él.
La magistrada contó que en noviembre del 2016, tras conseguir una sentencia contra el exburgomaestre por el caso Desratización, fue seguida por dos sujetos a bordo de una moto cuando se encontraba con su menor hija. Posterior a ello, las llantas de su vehículo fueron desinfladas.
Zuloaga indica que desde ese entonces emprendió una serie de gestiones para conseguir resguardo policial, lo cual luego de tanto insistir, y hasta viajar a Lima a Seguridad del Estado, logró, pero coincidentemente el 15 de abril de este año, un día antes de que comience otro juicio oral contra Luis Arroyo, ahora por el caso de una obra de agua y desagüe, en el cual la magistrada ha pedido 16 años de prisión, le quitaron el resguardo.
La fiscal indica que ya sin seguridad, el 16 de abril, acudió a un evento deportivo, y cuando salió de este su camioneta tenía las llantas desinfladas. La revisión de un técnico determinó que los neumáticos fueron cortados con un arma blanca.
Zuloaga indica que tras su constante insistencia recién este 24 de mayo le han vuelto a asignar resguardo policial, pero se trata de una joven policía que antes se desempeñaba en mesa de partes, y que parece no tener experiencia en resguardo a autoridades, porque, por ejemplo, ella sube primero a la unidad, en tanto la magistrada está afuera sin protección. Le han asignado otra joven, pero pasa algo similar.
“Sera mucha coincidencia, pero yo sí siento persecución, de vehículos sospechosos fuera de mi domicilio, me siguen, me filman”, comentó.
Esta magistrada ha llevado casos emblemáticos como los asesinatos de los alcaldes de Samanco, Francisco Ariza, y de Casma, José Montalván, además de investigaciones contra organizaciones criminales como “Los encapuchados de Casma”, y el crimen de la abogada casmeña Milagros Aponte.
La vida de ambas magistradas está en grave riesgo, tanto que hoy dejaron sus despachos para decirlo públicamente y exigir seguridad. (EA/M - RSD Noticias).
