Creado el Viernes, 11 de Octubre del 2019 08:35:56 am | Modificado el 06/10/2021 01:34:43 pm

Es tiempo de que los regidores cumplan con el mandato del pueblo y con las obligaciones que la ley otorga porque y de no ser así, al igual que los congresistas,  tendrán el repudio de los ciudadanos, comenta el profesor y abogado Miguel Arista Cueva

La tan conocida frase “otorongo no come otorongo” se utilizó por mucho tiempo para hacer referencia a los congresistas que se protegían ante las denuncias y comisión de irregularidades, dotándose entre ellos impunidad. ¿Pero solo los congresistas se cuidan las espaldas?, ¿qué pasa con los consejeros y regidores?

Está claro que la mayoría de regidores  no legisla ni fiscaliza a su alcalde y, por el contrario, cumplen el papel de “cortesanos de palacio”, en un prolongado “besamanos”, esperando algún favor o beneficio. Blindan a su alcalde, a los funcionarios y, claro, también se protegen entre ellos. 
En Chimbote un ciudadano presentó hace varios meses ante la Municipalidad Provincial del Santa una solicitud de vacancia que contenía una denuncia sobre nepotismo contra un regidor oficialista por la contratación de su prima hermana. Pasó el tiempo  y los regidores no se han pronunciado ni han exigido que se convoque a una sesión de concejo  para debatir la solicitud de vacancia y analizar si procede o no. 
La Ley Orgánica de Municipalidades prevé que en casos de solicitudes vacancia se deben discutir en sesión de concejo extraordinaria. Esta sesión debe ser convocada por el alcalde y eso no ha ocurrido. Pero si el alcalde no lo hace, la misma norma autoriza que un tercio del concejo municipal –incluido el alcalde– puede solicitar mediante documento que esta se convoque y, de no hacerlo, ellos mismos realizan la convocatoria. En el caso de Chimbote se requiere cinco regidores que firmen la solicitud.

Esta omisión  provoca la siguiente pregunta: ¿cuál es el temor por tratar el tema? La decisión del concejo municipal es solo la primera instancia, luego se puede realizar una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones que debe resolver de acuerdo a ley.

En la gestión anterior se produjeron agresiones en contra de regidores que cuestionaron el desabastecimiento del Vaso de Leche. Tal vez el temor de ser agredidos es la justificación que tienen los actuales regidores para la inacción en su función de fiscalización. Una prueba son los ataques que ha recibido el concejal Carlos Lynch. Aunque también se podría deducir en que estamos en una situación de “otorongo no come otorongo”. 

Ya es tiempo de que los regidores cumplan con el mandato del pueblo y con las obligaciones que la ley otorga, porque, de no ser así, al igual que los congresistas, tendrán el repudio de los ciudadanos.

* Miguel Arista Cueva es docente y abogado. Consultor, conferencista, especialista en gestión pública, educación y derecho administrativo. Fue director regional de Educación de Áncash y del Colegio de Alto Rendimiento de Cajamarca. 

Escuche la versión radial: