Creado el Lunes, 25 de Febrero del 2013 07:09:00 pm

Ninguna, por el contrario, Áncash ha sido una de las regiones en las cuales las reformas emprendidas por la ministra de la Producción Gladys Triveño (en busca de estos tres objetivos a nivel nacional) han tenido mayor oposición. Lamentablemente, el gobierno central cometió un fatal error al facultar a los gobiernos regionales para que estos puedan regular la pesca artesanal. En lugar de apuntar a los objetivos que beneficien a la población, el Gobierno Regional de Áncash, a través de la Direpro Áncash, estableció un sistema corrupto destinado a sacar provecho de la anchoveta que debería destinarse al consumo humano directo, y lo direccionó hacia una ilegal producción de harina de pescado. Esa fue una de las principales causas del sobredimensionamiento de la flota artesanal que se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los titulares del sector, hasta que llegó el D.S. 005-2012-PRODUCE que la definió como flota de menor escala y a la cual la actual ministra trata de alejarla de la posibilidad de que siga lucrando con esta ilegal actividad.

Hoy ese grupo interesado en que este corrupto sistema subsista quiere desprestigiar estas buenas intenciones ministeriales a través de los medios que tiene sometidos e invocan autonomía regional en el manejo de la pesca regional. Involucrados en esta intención malsana, tratan de confundir a la población distorsionando los reales objetivos de las normas que últimamente se han venido dictando y las que únicamente buscan es terminar con las viejas taras que gobiernos anteriores han impregnado en la conducta del Estado en el trato de las pesquerías y sus efectos en la población, especialmente en lo que se refiere a la preservación de la anchoveta y el respeto a las 5 primeras millas como área destinada a la reproducción de las demás especies marinas que corren el peligro de desaparecer como el pejerrey, lisa, cabrilla, coco, etc. y que van directamente a las mesas populares.

Casualmente en estos momentos son los que se precisan de una mayor participación de nuestra sociedad civil, aportando propuestas para que, por ejemplo, se puedan reformular los mecanismos de recaudación y distribución del canon pesquero (50% de los derechos de pesca y 50% del Impuesto a la renta) ya que no se aprecia físicamente este beneficio; exigir un mayor compromiso a las autoridades regionales y locales en el cuidado del medioambiente, dando cuenta al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del incumplimiento de las normas ambientales en el sector pesquería; pedir que se instalen cadenas de frío en nuestra región de tal manera que el pescado pueda llegar en buen estado a los sitios más apartados de nuestra serranía para disminuir los altos índices alcanzados por la desnutrición; exigir al Produce que se rindan cuentas acerca del fondo acumulado por concepto de derechos de pesca y la fiscalización del destino que se le ha venido dando; buscar incorporarse en mesas de trabajo antes de dictarse normas pesqueras de aplicación nacional en una suerte de consulta previa, etc.

Es necesario entonces seguir más de cerca las últimas normas que se vienen dando y darles su verdadera interpretación para dimensionar su importancia y no dejarse sorprender por autoridades regionales coludidas con inescrupulosos harineros que se han enriquecido con el desorden que ahora la ministra está empeñada en acabar.

César Córdova Ponce

Director de la revista La Voz del Pescador

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