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Caso Módulo Penal: César Álvarez es absuelto por malversación de fondos y colusión simple

Juez condena a 5 años de cárcel a exintegrantes de Comité Especial de Contrataciones y a 3 años a representante del Consorcio Jurídico que ejecutó la obra
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El ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, fue absuelto de los delitos de malversación de fondos y colusión simple por el caso Módulo Penal tras determinarse que no existió participación suya en los ilícitos denunciados por el Ministerio Público y por los cuales demandaba 8 años de cárcel.

La decisión fue anunciada esta tarde por el juez del Sexto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa, Joseph Arequipeño Ríos, quien sin embargo sí sentenció a los exintegrantes del Comité Especial de Contrataciones y a la representante del Consorcio Jurídico que estuvo a cargo de la construcción del Módulo de Justicia Procesal Penal de Nuevo Chimbote

El caso Módulo Penal está referido a los ilícitos cometidos por la gestión de César Álvarez en el 2010 durante la construcción de una obra que terminó costando más de 15 millones de soles. Según la acusación de la Fiscalía, el ex gobernador regional y funcionarios de la Subregión Pacífico favorecieron a los empresarios que integraron el Consorcio Jurídico para que ganen la buena pro. Inicialmente la obra había sido presupuestada en más de 14 millones de soles, pero luego de algunas modificaciones el monto aumentó a 15 millones 334 mil soles. Esto generó un perjuicio en las metas presupuestales asignadas durante los años 2011, 2012 y 2013.

EL FALLO DEL JUEZ

Según los lineamientos generales de la sentencia expuestos hoy, el juez Arequipeño Ríos analizó los elementos de prueba presentados por el fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe y no encontró responsabilidad penal de Álvarez Aguilar en el delito de malversación de fondos.

“Respecto a las modificaciones presupuestales realizadas en el 2011 a fin de ejecutar la construcción del Módulo de Justicia Penal, estas se hicieron en mérito a lo resuelto y ordenado por un acuerdo del consejo regional y en mérito a lo solicitado por el Poder Judicial”, indicó el magistrado.

Asimismo, sostuvo que tampoco se probó que a causa de las modificaciones presupuestales realizadas entre el 2011 y 2013 la obra se viera afectada, sino que por el contrario, el consorcio ejecutor fue penalizado por las constantes paralizaciones.

“Tampoco se ha probado afectación del servicio de administración de justicia, pues durante ese periodo de edificación el módulo penal estuvo funcionando en la sede central de la Corte del Santa”, expuso el juez.

Por el delito de malversación de fondos también fue absuelto el exgerente de la Subregión Pacífico, Juan Carlos Gallo Zegarra, pues recién asumió el cargo el 3 de mayo de 2012, por lo que no tuvo participación en los actos preparatorios ni en la etapa del proceso de selección, sino más bien Pamela Bermúdez Rodríguez, quien está en calidad de reo contumaz. 

En quienes el juez sí se encontró responsabilidad penal por el delito de colusión simple fue en los exintegrantes del Comité Especial de Adjudicación de la Subregión Pacífico, William Bejarano Rivera, Enrique Godoy Palacios y Cecilia Alfaro García. Todos ellos fueron sentenciados a cinco años de prisión y se dispuso su inmediata ubicación, captura e internamiento en el penal de Cambio Puente. La empresaria Mariela Rivero Antúnez, del Consorcio Jurídico, recibió una condena de 3 años de cárcel, suspendida en su ejecución por el plazo de dos años.

El juez Arequipeño Ríos determinó que los exfuncionarios se coludieron con la representante legal del consorcio a cargo de la obra, Mariela Rivero, para que obtuviera la buena pro de la obra, pese a no contar con los profesionales idóneos estipulados en las bases. Durante el juicio, un peritaje grafotécnico probó que las firmas de las declaraciones juradas de los supuestos profesionales que laboraban para el Consorcio Jurídico eran falsas.

En este delito, y basándose en los medios de prueba aportados por el fiscal, no existió participación de César Álvarez Aguilar, pues quien designó a los integrantes del Comité de Adjudicación fue la prófuga exfuncionaria Pamela Bermúdez.

Los sentenciados deberán pagar de manera solidaria una reparación civil de 50 mil soles. 

Cabe recordar que sobre el ex gobernador regional de Áncash pesa ya una condena de 2 años de cárcel por el delito de malversación de fondos por el desvío de dinero de tres obras públicas valorizadas en más de 12 millones de soles, a otros proyectos durante el 2013. (RSD Noticias).