LA COLUMNA DEL DÍA | Los derechos humanos en el Perú
Creado el Lunes, 8 de Mayo del 2023 09:41:06 am
La semana que pasó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió un informe sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país con motivo de las muertes producidas por las violentas protestas por la detención del golpista Pedro Castillo y contra el gobierno de Dina Boluarte.
He tenido oportunidad de leer gran parte del texto y si bien dice cosas interesantes y claras como que, Pedro Castillo dio un golpe de estado que fracasó porque no tuvo apoyo de nadie, también tiene zonas oscuras cuando hace un sesgado análisis de los motivos que han impulsado las protestas y presenta imperdonables omisiones como la referido a los muertos y heridos pertenecientes a las fuerzas del orden.
En primer término, es importante resaltar que pese a todo el esfuerzo de la izquierda latinoamericana encabezada por AMLO en México y secundada por Petro como presidente colombiano, la Comisión es muy clara en señalar que Pedro Castillo cometió un golpe de estado en contra de la democracia peruana y que fracasó porque nadie lo apoyó, y que según la sucesión constitucional debía asumir la vicepresidente, que fue ungida como tal.
Los problemas empiezan cuando analiza las muertes producidas durante las protestas y concluye sin mayor probanza pericial que fueron muertes extrajudiciales ordenadas y dispuestas por el gobierno de Dina Boluarte con la finalidad de permanecer en el poder, coligiendo que en el Perú existe una violación de derechos humanos promovida por el Estado en contra de los peruanos.
La aseveración no es seria, sino que es el resultado de rápidas reuniones y conversatorios sostenidos en nuestro país por la Comisión, sin mayor carga probatorio que los dichos y contradichos de unos y otros. Es oportuno señalar, que una serie de ONG y estudios jurídicos caviares están “apoyando” a los familiares en el seguimiento a las investigaciones de las muertes, no sería extraño que dentro de poco tiempo, estas acusaciones terminen en la Corte Interamericana pidiendo millonarias indemnizaciones, lo que en mi opinión resta objetividad al dicho de la Comisión.
Las muertes deben ser investigadas a profundidad hasta llegar a la verdad, sancionar a los responsables sin distinguir si son miembros de las fuerzas del orden, delincuentes terroristas o simples pandilleros, ninguna muerte debe quedar impune, pero no debemos prestarnos para seguir debilitando nuestra precaria institucionalidad en favor de organismos multilaterales ideologizados y ONG que no rinden cuenta a nadie más que a sus propios intereses.
Por otro lado, la Comisión tiene una inmensa omisión respecto a la violencia de las protestas, y no hace más que una brevísima mención de la muerte de un efectivo policial, sobre ello no se incomoda, generando la sensación que solo importan algunas muertes y no la de aquellos que representan al Estado, que finalmente somos todos.
En cuanto al análisis de los motivos que germinaron las protestas, la Comisión se deja ver el fustán porque evidencia un clarísimo sesgo ideológico, al decir que los ataques tienen un componente racial, cuando los protestantes son racialmente iguales a las fuerzas del orden que enfrentaban, o que el problema está en nuestro modelo económico primario extractivista, una frase cliché de la izquierda peruana, entre varias frases típicas de la caviarada latinoamericana.
Siendo así las cosas, ¿por qué no optamos como USA y Canadá? Son parte de la Corte y la Comisión, pero lo que hagan o digan, no es vinculante para ellos, deberíamos hacer exactamente lo mismo.
*Pablo Rioja Cueva es abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, árbitro en contrataciones con el Estado y laboral. Tiene amplia experiencia en gestión pública y docencia universitaria. Fue regidor en la Municipalidad Provincial del Santa.
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