LA COLUMNA DEL DÍA | Agenda cocalera
Creado el Lunes, 1 de Noviembre del 2021 08:10:27 am
El gobierno que preside Pedro Castillo sutilmente parece haber definido sus prioridades y detrás de ellas, nos empieza a mostrar su verdadera agenda política, y esta sería honrar sus nada claros compromisos con organizaciones cocaleras formales e informales, y, según algunas informaciones, hasta con grupos cocaleros vinculados al narcotráfico.
La llegada de Castillo al poder generó la idea de un profundo cambio en la forma de gobernar y hacer política; sin embargo, apenas transcurridos los primeros meses, el gobierno que debía representar el cambio ha caído en los mismos yerros y vicios que todos sus antecesores.
Así vemos que, se designan como ministros de Estado y altos funcionarios públicos a personajes con una trayectoria polémica o que no se encuentran preparados para la función que se les encarga, perjudicando el desarrollo del gobierno y la confianza de los peruanos.
La designación de Luis Barranzuela en el Ministerio del Interior ha elevado las dudas sobre las reales motivaciones del presidente Castillo para tomar decisiones al frente del gobierno, pues si bien fue polémica la designación del exfiscal Carrasco Millones en ese mismo despacho, era incuestionable su posición respecto al combate y erradicación del cultivo de la coca en el Perú. El nuevo y cuestionado ministro está muy vinculado a los sectores cocaleros, que a su vez vienen siendo sindicados como los principales financistas de la campaña de Perú Libre y que pretenden modificar la legislación con un calco y copia del modelo boliviano, lugar que ahora parece ser el destino internacional preferido del presidente del sombrero y principal productor de coca en el mundo.
Esta prioridad en la agenda política queda probada con la permanente presencia de Evo Morales en el Perú, la designación de una embajadora política en Bolivia que también está siendo indagada por el caso “Dinámicos del centro” y la estrecha coordinación política entre ambos gobiernos. Más aún, la DEA ha reportado el aumento considerable de aeronaves ilegales de procedencia boliviana en la zona del VRAEM, lugar en el que permanece una pequeña narcoguerrilla moviéndose a sus anchas por más de dos décadas y que ahora parece que se quiere cuando menos proteger, desde la más alta esfera del poder.
Es necesario que la opinión pública conozca que el 95 % de la producción de hoja de coca se destina para el narcotráfico y el resto apenas es dedicado a otros fines, entre ellos medicinales. Por eso, es importante separar el trigo de la paja, ya hemos tenido representantes cocaleros hasta en el Congreso de la República, que luego han tenido que afrontar serias acusaciones penales por narcotráfico y lavado de activos. El tema es muy delicado, pues la actividad cocalera se trata de un negocio que mueve millones y de la que siempre se ha sospechado que financiaba a malos políticos, y ahora parece que habría encontrado un padrinazgo desde el centro del poder.
La subida del precio de los alimentos, la reactivación de la actividad pesquera, la culminación del proyecto especial Chinecas, la descontaminación de la Bahía de Chimbote, no están en las prioridades de este gobierno, que parece solo empeñado en solucionar el “problema” de los cocaleros, en ese orden de ideas, todo el conflicto político, sirve para distraer a la opinión pública de esta agenda política que ha avanzado, pero ya no puede seguir oculta, son los intereses del gobierno, pero no del tantas veces mencionado “pueblo”.
*Pablo Rioja Cueva es abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, árbitro en contrataciones con el Estado y laboral. Tiene amplia experiencia en gestión pública y docencia universitaria. Fue regidor en la Municipalidad Provincial del Santa.
