Creado el Miércoles, 10 de Febrero del 2016 11:32:49 pm

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¿NO ES CLARO EL MANEJO DE ALGUNOS JUECES, CUAL TÍTERES?

Al escuchar cuanto comentario sobre la liberación de narcotraficantes vía indultos, durante el gobierno de Alan García Pérez, me viene a la memoria la manera cómo Valentín Fernández Bazán se liberó de la sentencia en la querella que le interpuse, que es bueno se sepa y cada uno pueda sacar su conclusión. Esta es la historia.

El 25 de abril del año 2005, asumí el despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Nuevo Chimbote que venía funcionando ya desde el año 2000 y como es normal encontré varias denuncias en trámite, entre ellas, la denuncia N° 146-2005, interpuesta por Valentín Rolando Fernández Bazán, alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, contra Zandra Maribel García Zúñiga, extesorera de la indicada municipalidad, por el delito de peculado, atribuyéndole la apropiación de S/. 249,000.00.

Me avoqué al conocimiento del caso y, de acuerdo a ley, solicité al Juzgado la detención preliminar de la investigada, que fue concedida y se ejecutó la detención en la ciudad de Trujillo. Pero la sorpresa fue que cuando la denunciada fue traída a Chimbote. La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote (denunciante), a través de su asesoría legal, empezó a obstaculizar la investigación y desde la municipalidad se montó una bestial campaña de desprestigio y agresión a mi persona. Aparecieron en plazas y calles misteriosos “moralistas” vinculados al municipio, promoviendo marchas con carteles y hasta artefactos explosivos y planes de agresión física a mi persona.

El hecho es que con la detención de la extesorera se descubrió que la denuncia era una maniobra para tratar de engañar a los órganos de control sobre el dinero faltante de los fondos del municipio.

Por otro lado, el 31 de enero de 2007, ante una muchedumbre y periodistas, Valentín Fernández Bazán, me trató como “fiscal delincuente” e instigó a la muchedumbre a ejercer violencia contra mi persona, con estas frases: “… fiscales como ese delincuente de Javier Lorenzo Melgarejo, … voy a estar junto a ustedes como siempre…, vamos juntos y te apoyaré en la lucha, porque un fiscal que es enemigo de Nuevo Chimbote debe ser corrido por la fuerza si es posible, si hay que sacarlo en burro, pobre burro pero sale de Nuevo Chimbote”, esto fue difundido por la prensa.

Por tal hecho, el 27 de marzo de 2007 interpuse querella por delito de difamación agravada, con pruebas irrefutables. El 24 de mayo de 2007, el juez del Sexto Juzgado Especializado en lo Penal del Santa, ROMA CRUZ AVILES, aperturó proceso contra Valentín Rolando Fernández Bazán, por delito de difamación agravada en mi agravio, con Expediente N° 2007-490.

La responsabilidad estaba probada por lo que la sentencia condenatoria era inevitable y tenía que ser efectiva sí o sí, porque el querellado ya tenía otro proceso por igual delito que culminó con una reserva de fallo.

Entonces se puso en práctica una estrategia dilatoria orientada a la prescripción de la acción penal, la misma que juicio de cualquier mortal era imposible por la penalidad establecida para el delito (tres años) y lo sumario del proceso, que implicaba un tiempo máximo de cuatro o cinco meses; pese a todo ello, el 21 de noviembre de 2007 se actuó la última diligencia, quedando el caso para sentencia, cuya emisión solicité el 22 de noviembre de 2007.

Sin embargo, Roma Cruz Aviles, no emitió la sentencia y literalmente encarpetó el caso, hasta que en enero de 2008, Valentín Fernández Bazán promovió cuestión previa, aduciendo que debí haber otorgado poder a otro persona para formular la querella y no hacerlo personalmente y Roma Cruz Aviles, lejos de resolver con la sentencia, como manda la ley, porque el estado del proceso era de dictarse sentencia, dio trámite en cuaderno aparte y el 15 de abril del 2008, después de tres meses, con un auto de diecinueve renglones (mayor parte expositiva), prácticamente sin motivación, tirando al tacho toda la exigencia constitucional y legal, declaró FUNDADA la cuestión previa y ordenó el archivo del proceso.

Era tan notoria que la resolución de Roma Cruz Aviles, solo obedecía al propósito de dilatar el caso, no tenía ni pies ni cabeza, es así que fue revocada por la Sala Superior, pero esto significó cinco meses de dilación.

En este ínterin la OCMA le detectó a Roma Cruz Aviles, que los viernes en la tarde, abandonaba el Juzgado a su cargo para viajar a Lima, sin importarle que estaba de turno, dejando papel en blanco firmado para que el secretario llene a su parecer, etc., por lo que, mediante resolución administrativa Nº 7, del 8 de setiembre del 2008, le impuso la medida de ABSTENCIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO, reemplazándolo en el despacho el Dr. Jorge Ramos Orrillo, y conforme al estado de la querella, señaló fecha para lectura de sentencia hasta en cuatro oportunidades: la primera para el 16-12-2008, la segunda para el 07-01-2009, la tercera para el 20-01-2009 y la cuarta para el 30-01-2009, a las que Valentín Fernández Bazán jamás asistió haciendo uso de certificados médicos; simultáneamente se comentaba de movidas en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial sobre el asunto de Roma Cruz Aviles.

El Dr. Jorge Ramos Orillo, considerando que el querellado se estaba burlando de sus citaciones, como todo magistrado digno del cargo, el 2 de febrero del 2009, mediante resolución bien fundamentada, declaró REO CONTUMAZ a Valentín Fernández y ordenó su captura.

En este ínterin a Roma Cruz Aviles le levantaron la abstención, el 10 de febrero de 2009 se reincorporó y el 12 de febrero de 2009, con un decreto, dejó sin efecto la orden de captura contra Valentín Fernández Bazan, sin pronunciarse sobre la contumacia, y solo cuando la prensa hizo público esta situación, el 13 de febrero de 2009, con otro decreto de dos líneas anuló un auto de cuatro páginas.

Estas aberraciones de las que hasta el estudiante del primer año de Derecho se da cuenta, solo lo podía hacer alguien con padrino del más alto nivel o solo Dios sabe bajo qué motivaciones.

Era tan notorio el manejo sucio del proceso que se le quitó y nuevamente pasó a manos del Juez Dr. Jorge Ramos Orillo, quien señaló fecha para la lectura de sentencia para el 18 de mayo de 2010, para el día 1 de junio de 2010, ante el cual Valentín Fernández Bazán, se dice que fue al despacho judicial, no para escuchar sentencia, sino para amenazarle, conforme se informó ampliamente en la prensa.

Como el juez Ramos Orillo no cayó en el juego, el 25 de mayo de 2010 Valentín Fernández interpuso habeas corpus contra este juez ante el juez Frey Mesías Tolentino Cruz, el mismo que sin notificar siquiera al procurador para Asuntos Judiciales del Poder Judicial, como la ley manda cuando se acciona contra un juez, casi desesperadamente, resolvió el mismo día de la sentencia, el 1 de junio de 2010, no solo declarando fundada el habeas corpus sino anulando todo el proceso, notificándose al Dr. Ramos Orillo minutos antes de la hora señalada para la sentencia, logrando frustrar la lectura de sentencia; alcanzado el propósito de librar de la sentencia a Valentín Fernández Bazán.

Respirando ya hondo y cómodamente, el 7 de junio de 2010, el mismo Frey Mesías Tolentino Cruz declaró nula su propia sentencia, justamente bajo el fundamento de que no había notificado al procurador público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial y luego el 9 de junio de 2010, nuevamente emite sentencia, solo cambiando la fecha del anterior. Es decir, declarando fundada el habeas corpus y nulo el proceso, con lo cual, Frey Tolentino Cruz actuó como juez constitucional (en cuanto a habeas corpus) y como juez ordinario (al declarar nulo el proceso).

Pero qué importaba, la cosa era salvar a Valentín de la sentencia, bajo ¿qué motivaciones?, eso queda a la imaginación de cada uno, pero lo vergonzoso es que son cosas que tal vez solo en Chimbote ocurre e impunemente, lo real y objetivo era que Valentín Fernández Bazán quedaba libre de todo, mientras el derecho de un ciudadano, antes que fiscal, y la administración de justicia quedaba por los suelos, y ¿el juez?

Apelé contra la aberrante bravuconada judicial, con la última esperanza de encontrar justicia, pero mis sueños se alejaban, pues como tarde o temprano se llega a saber las cosas, se comentaba de un faenón de influencias, ofrecimientos de asegurar la ratificación por el Consejo Nacional de la Magistratura para quienes intervenían en la confirmación de la resolución de Frey Tolentino Cruz, y en efecto, luego muchos fueron ratificados.

Pero como aún en la podredumbre hay células sanas, intervinieron jueces aún portadores de la dignidad y después de una cadena de intervenciones, resolvieron simplemente con arreglo a ley, revocando la resolución de Frey Tolentino Cruz. Entonces Valentín Fernández Bazán impugnó la resolución de la Sala y el caso llegó a manos del Tribunal Constitucional, que declaró improcedente, dejando al desnudo la ilegal y sucia actuación del juez y los vocales que avalaron en segunda instancia.

El proceso se paralizó ocho meses más, abonando a la inimaginable prescripción, pero posible con jueces genuflexos y pusilánimes.

En otra de las conocidas movidas que se dan en el Poder Judicial, el Dr. Jorge Ramos Orillo fue removido del Segundo Juzgado, designándose en su reemplazo a la juez provisional María Elena Chauca Mejía, quien asumió el conocimiento de la querella y ya no había nada que hacer: su obligación era simplemente dictar sentencia, pero todas las veces que se le pidió que resuelva el caso, respondía que lo estaba estudiando.

Era inminente la cárcel para Valentín Fernández Bazán porque tenía antecedente de otro caso en el que se le benefició con reserva de fallo y por tanto en este segundo caso la sentencia tenía que ser inevitablemente efectiva; pero aquí es donde interviene una mano negra pero salvadora, qué duda cabe, del más alto nivel del gobierno, pues teniendo no solo el proceso de la querella -donde solo faltaba la sentencia, que pujando aguantaban jueces pusilánimes sin el menor escrúpulo- sino decenas de denuncias y decenas de procesos penales en trámite, en los que se encontraba con comparecencia con restricciones, sujeto a reglas de conducta, etc.

(Sucede que) en una intromisión sin nombre del ejecutivo en asuntos judiciales, aceptada por pinches representantes de la magistratura, una actitud propia de gobiernos de la más baja catadura moral y ético, el 27 de enero de 2011, mediante Resolución Ministerial Nro. 082/RE, el ministro de Relaciones Exteriores, García Belaunde, designó a Valentín Fernández como agregado civil en la embajada peruana en Costa Rica, a donde viajó el 1 de febrero de 2011 en la más absoluta reserva. Con fecha 15 de marzo de 2011, a través de su abogada, (Fernández Bazán) presentó escrito señalando domicilio en el país de Costa Rica y que ahí se le haga cualquier notificación.

Así, la bravuconada ejecutiva le quitaba a una administración de justicia sumisa sin capacidad de respuesta, un individuo que tenía asumir su responsabilidad; nadie, ningún juez y por último ningún fiscal dijo esta es mi boca y como es normal en un país que ha perdido la dignidad y la decencia, a ninguno de los jueces ni a los fiscales que intervenían en esos procesos investigatorios no se les reclamó por la actitud abdicadora del deber.

La juez María Elena Chauca Mejía, después de estudiar prácticamente ocho meses, mediante resolución de fecha 12 de abril de 2011 señaló fecha para la lectura de sentencia para el 1 de junio de 2011, disponiendo con “cachita” que se le notifique a Valentín Fernández en Costa Rica.

Como puede darse cuenta cualquier mortal, sin necesidad de ser instruido, ni muy inteligente, la actuación de la juez más que criticable daba, pena y vergüenza, pues no creo que haya sido por ignorancia, porque de ser así, preguntando siquiera a un estudiante de derecho se hubiera dado cuenta que ella era una juez de un Estado con una soberanía determinada, era juez provisional del Perú, de Chimbote, no era una juez de la Corte Interamericana ni menos de la Corte de la Haya, para que crea tener competencia mundial, no podía aceptar que un procesado en el Perú y literalmente fugado del país mediante una artera intromisión, burlando su autoridad, le señale domicilio fuera del territorio peruano, tanto más cuando para cualquier mortal –calidad que creen no tener algunos jueces– el propósito del procesado era evadir la acción de la justicia peruana, por lo cual, lo procedente era rechazar el señalamiento de domicilio fuera del país y notificarle en el domicilio señalado en el proceso, luego declarar contumaz y estando a que el proceso estaba culminado, solo era de leerse la sentencia. Tenía que dictar la lectura de sentencia y si no se presentaba, leerla con la sola presencia de su abogado, porque la majestad del Poder Judicial no podía ser avasallada o interferida por el Poder Ejecutivo de la manera más brutal; no otra cosa era lo que acababa de hacer el canciller del gobierno de Alan García Pérez.

Como estaba planeado, se esperó que se cumpla los cuatro años y medio, y ni corto ni perezoso se declaró prescrita la acción penal, incluso contra la ley, porque no se consideró los ocho meses que se suspendió el proceso con motivo del habeas corpus, tal como manda el Art. 84 del C.P.

Los jueces y vocales hicieron su festín y faenón impunemente, hoy los veo cuál decentes bien a la medalla, dice “administrando justicia”, ¿cuál justicia?, ¿la genuflexa, pusilánime y cobarde que se arrodilla y hace lo imposible, dicta resoluciones de páginas interminables, para evitar que los poderosos económicos o políticos se sienten en el banquillo, o la valentona que con los chicos o pobres yergue la cabeza y con resoluciones de unas cuantas líneas los sienta en el banquillo?

Obviamente este caso fue para la administración de justicia peruana una raya más, que a nadie le importa, como siempre dejaba un derecho más arteramente asesinado y Valentín Fernández Bazán libre de polvo y paja. Dígase de paso este hecho fue puesto en conocimiento de la más alta instancia del Poder Judicial y simplemente no pasó nada. “otorongo no come otorongo”.

¿Qué clase de poder intervino en este caso? ¿La mano de quién intervino? Cada uno sacará su propia conclusión, pero lo que no puedo dejar de expresar es mi decepción y justa indignación, como muchos de los mortales que a lo largo y ancho de nuestro país, sintieron en carne propia, las acciones de algunos jueces, verdaderas miserias humanas, investidos y mantenidos en poder por su servilismo a un Estado en descomposición moral por la pérdida de valores y principios.

Ah, pero también mi respeto y admiración a los jueces que ejercen la función con dignidad. No perdamos de vista que son aquella clase de jueces, que promoviendo impunidad generan la peor inseguridad, de la que tanto nos quejamos pero no miramos a los directos responsables.

Hago la presente narración con el único lenguaje que me enseñaron mis padres: el de la verdad. Quienes tienen interés por la investigación simplemente tienen que acceder al Expediente (Querella) Nro.490-2007.

Lorenzo Javier Melgarejo

Ilustración: RSD

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