Detectan pagos indebidos a trabajadores reincorporados del Gobierno Regional de Áncash
Creado el Martes, 8 de Febrero del 2022 05:39:58 pm
La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico por S/122 670 en el Gobierno Regional de Áncash (GRA) producto del pago de planillas de incentivo único a trabajadores a pesar de que por su condición laboral no les correspondía percibir dicho beneficio.
El 13 de agosto del 2020, sin considerar el marco normativo, la Subgerencia de Recursos Humanos del GRA suscribió un acta de compromiso de pago a favor de 21 trabajadores que prestan servicios mediante medidas cautelares derivadas de mandatos judiciales de la Corte Superior de Justicia de Áncash.
Dicho pago afectó los recursos debidamente presupuestados del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 a pesar de que los beneficiarios no estaban sujetos al mencionado régimen, según consta en un informe de servicio de control específico elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del GRA.
El informe establece que entre julio y diciembre de 2020 los funcionarios de la institución autorizaron y tramitaron el pago del incentivo único a favor de los 21 trabajadores. Los hechos contravinieron la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020.
Una consulta a los expedientes judiciales permitió advertir que de los 21 trabajadores contratados al momento de su cese bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicio (CAS) y/o locación de servicio, solo 16 contaban con medida cautelar; cuatro no, y uno tiene medida cautelar infundada.
Además, de la revisión de las medidas cautelares se advierte que solo se dispuso su reincorporación a los puestos de trabajo y/o similares que venían desempeñando al momento de su cese, lo que no implicaba su ingreso a la carrera pública conforme lo establece el Decreto Legislativo 276 y Decreto Supremo N° 05-90-PCM, cuyo acceso es únicamente por concurso público, por lo que no les correspondía recibir el incentivo económico.
El informe de control específico n.° 058-2021-2-5332 del OCI identificó presunta responsabilidad administrativa en 7 funcionarios y/o servidores públicos del GRA; sobre 5 de ellos recaería adicionalmente presunta responsabilidad penal. Por ello el informe fue derivado al procurador público especializado en delitos de corrupción para el inicio a las acciones legales penales correspondientes.
Asimismo, el informe le fue notificado al gobernador regional de Áncash para que disponga el inicio de las acciones administrativas que correspondan. (RSD Noticias).
