Áncash: 5 funcionarios implicados en perjuicio económico al gobierno regional
Creado el Lunes, 27 de Diciembre del 2021 10:44:13 am
La Contraloría detectó presunta responsabilidad penal y administrativa en cinco funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de Áncash, quienes entre el 2018 y 2020 estuvieron a cargo de la ejecución del proyecto de mejoramiento del alcantarillado de los caseríos de Arcash, Chulloc, Huasno y Shipas Huain del distrito de La Libertad, en la provincia de Huaraz, obra valorizada en 6.1 millones de soles.
Estas personas –según la autoridad de control– causaron un perjuicio económico de más de 675 mil soles en contra del gobierno regional. Los implicados son José Chinchay Morales, Pedro Velezmoro Sáenz, Edwin Pajuelo Cruz, Antonio Glandel Ramírez y Marco López Calle. Sobre los cinco recae responsabilidad administrativa y en tres, además, responsabilidad penal. El caso se registró durante la gestión del ahora preso gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa.
Resulta que estos funcionarios recibieron y liquidaron la obra sin aplicar penalidades al contratista, el cual incumplió los plazos para la construcción del cerco perimétrico de dos plantas de tratamiento de aguas residuales.
Según el informe de control, la empresa a cargo de la obra construyó, dentro del plazo contractual, el 29 % y 58 % del cerco perimétrico de las plantas de tratamiento de aguas residuales de los sectores de Shipas Huain y Huasno, respectivamente; no obstante, el contratista y el supervisor reportaron la ejecución del 100 % de los trabajos y solicitaron su recepción.
La entidad inició el proceso de recepción de la obra 92 días después de haberse culminado los trabajos, y, si bien advirtió una serie de observaciones, entre ellas, el incumplimiento en la construcción de los dos cercos perimétricos, al final recibió y liquidó la obra sin aplicar la penalidad por retraso al contratista y al supervisor, contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado. Además, permitieron que la empresa termine los trabajos pendientes durante el periodo de levantamiento de observaciones.
Debido a las observaciones hechas por el Comité de Recepción, los trabajos finalizaron el 27 de julio de ese año; sin embargo, durante el proceso de liquidación la empresa aseguró que no se solicitó ampliación de plazo ni hubo paralización de la obra, pese a que el gobierno regional aprobó un presupuesto adicional deductivo.
El informe fue notificado al procurador Público de la Contraloría para el inicio de las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos. También fue notificado al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y al gobernador regional para las acciones que correspondan. (M.E. - RSD Noticias).
