Creado el Lunes, 19 de Diciembre del 2022 04:56:43 am

Esta no es una defensa de los vándalos, sino del derecho legítimo de cualquier peruano a la protesta, y de la obligación del Estado a una respuesta proporcional cuando esta se desborda

Las protestas sociales en el país tras la vacancia y detención de un torpe y posiblemente corrupto Pedro Castillo por su autogolpe fallido han cobrado más de 20 muertes hasta el momento, la mayoría por balas, y sin embargo a la sucesora presidenta Dina Boluarte no se le ha movido ni una pestaña.

Declaró al país en estado de emergencia para sacar a las calles a las Fuerzas Armadas y proceder con una represión violenta que lo único que ha hecho es enardecer los ánimos de los peruanos del sur, históricamente olvidados y postergados, y Boluarte dice que “llora el llanto de las madres en Ayacucho y sufre el dolor de las familias en todo el país”. 

Es la misma Dina Boluarte que en noviembre de 2020 tildó de asesino al breve presidente Manuel Merino tras la muerte de los jóvenes Bryan e Inti durante una violenta represión policial contra miles de manifestantes que habían salido a las calles a protestar contra la vacancia del entonces mandatario Martín Vizcarra y la investidura del parlamentario acciopopulista.   

Si Merino, con dos muertes durante su breve régimen, fue un “asesino”, ¿cuál es la diferencia con Boluarte? ¿La veintena de muertes en el poco tiempo que lleva gobernando la ponen en igual o peor condición?  

No es cierto, como ha dicho anoche la presidenta, que desde un inicio sus ministros fueron a las regiones a dialogar; primero mandó policías y militares.  

Esta no es una defensa de los vándalos, sino del derecho legítimo de cualquier peruano a la protesta, y de la obligación del Estado a una respuesta proporcional cuando esta se desborda. No se puede aceptar que la militarización de las calles traiga consigo una licencia para matar. No se puede aceptar el “terruqueo” a los manifestantes para justificar su muerte.

A los vándalos, a los saqueadores, a los delincuentes infiltrados, a los que queman propiedad pública o privada, hay que identificarlos, capturarlos, juzgarlos y encarcelarlos. No matarlos.  

Es necesario que se recupere la paz social del país, pero no a costa de la violación de los derechos humanos de quienes protestan. Hoy les pasa a ellos, pero mañana podría ser cualquier otro peruano. Usted, por ejemplo.

Quienes hoy detentan el poder político deberían más bien interpretar adecuadamente la insatisfacción de un grueso sector de la población y, sobre esa base, tomar la decisión adecuada que permita aquietar las movidas aguas de un país convulso: el adelanto de las elecciones generales.

Según IEP, más del 80 % de peruanos lo pide. No obstante, recordemos que Boluarte ha tenido la intención inicial de quedarse hasta el último día, mientras que el Congreso decidió no aprobar el proyecto de adelanto de elecciones. La decisión debe ser reconsiderada.

Ahora bien, el nivel de insatisfacción es tal, que parece ya no haber tiempo para cualquier tipo de reforma y lo único que queda es ir a comicios adelantados en el plazo mínimo indispensable, con el riesgo de volver a tener autoridades de la misma calidad que la actual, o aún peor. Es el riesgo que se tendrá que asumir dada la crítica situación del país.

Radio Santo Domingo – RSD 

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