Creado el Lunes, 7 de Octubre del 2019 09:38:49 am | Modificado el 06/10/2021 01:34:43 pm

La designación de María Antonieta Alva como ministra de Economía es un claro mensaje de renovación en la tecnocracia política del país, porque se trata de una joven graduada en gestión pública de Harvard, con experiencia en el sector público y sin vínculos empresariales, comenta la antropóloga social Karla Fournier 

Si analizamos en retrospectiva la actual coyuntura política puedo decir que no solo el Congreso fue disuelto por el presidente de la República, sino que, además, una larga tradición en nuestro país de que las elites empresariales, agrupadas en la Confiep, que designaban ministros y funcionarios públicos para controlar las políticas de Estado con la finalidad de mantener sus privilegios. Las elites suelen tener el particular interés de capturar el poder en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esos privilegios de las élites empresariales ni siquiera se habían roto cuando Ollanta Humala llegó al gobierno con los votos de la izquierda.

La habilidad del sector privado para colocar a funcionarios en puestos clave de toma de decisiones, mediante el uso de las puertas giratorias entre el sector público y privado, se puede comprobar con un breve repaso de los perfiles de algunos ministros en las carteras de Economía y Energía. El exministro de Economía, Fernando Zavala, es un claro ejemplo. Según “Hildebrandt en sus trece”, cuando Zavala fue viceministro de Economía en la gestión  de Alejandro Toledo en el 2003 rebajó el IGV que debían pagar las cerveceras. Tres años después Zavala pasaría a formar parte del equipo de gerentes de Backus y posteriormente se convertiría en el primer ministro del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Una pequeña muestra sobre cómo han venido funcionando las políticas de puertas giratorias en nuestro país.

Otro ejemplo fue la elección de Francisco Ísmodes como ministro de Energía y Minas,  quien se desempeñó como gerente corporativo Legal (1999-2005), gerente de Asuntos Corporativos (2005-2010) y gerente general adjunto (2012-2013) de la Compañía Minera Milpo. En el 2013-2014 fue gerente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Por ello no sorprende su accionar en el conflicto minero de Tía María. Recordemos que fueron los empresarios de la Confiep quienes exigieron al presidente Martin Vizcarra dar luz verde al proyecto  para obtener la aprobación de este gremio. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo desató uno de los conflictos más difíciles del gobierno liderado por Vizcarra. 

Por ello la designación de María Antonieta Alva como ministra de Economía es un claro mensaje de renovación en la tecnocracia política del país porque se trata de una joven graduada en gestión pública por la Universidad de Harvard, con experiencia en el sector público y sin vínculos empresariales. Si bien no ofrece grandes cambios como se espera desde la izquierda peruana, sí marca una nueva orientación en la forma de hacer política. Una situación similar sucede con el nuevo ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, docente universitario con experiencia en gestión pública y egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería.  

Vizcarra pretende mantener la postura del diálogo con los ciudadanos y no imponer los proyectos a sangre y fuego en nuestro país. Denota que quiere escuchar. El primer mandatario también ha respondido sobre si no le preocupa recuperar la confianza del empresariado y ha señalado que una cosa son los empresarios y otra la Confiep. Además, ha mencionado que el empresariado también lo conforman las Pymes y que ellos sí confían en su gobierno. 

La política es de gestos más que de discursos y la popularidad del mandatario se ha fortalecido debido a que  un 84 % de ciudadanos respalda su accionar según la última encuesta IEP del diario La República. 

Mientras seguimos atentos a las nuevas decisiones del gobierno como sociedad civil debemos seguir luchando por ejercer nuestras libertades y derechos para exigir transparencia y provocar que las empresas y el Estado rindan cuentas. Y de forma paralela debemos continuar con nuestra participación activa en la lucha contra la corrupción parta impulsar las reformas necesarias para fortalecer la democracia en nuestro país.

*Karla Fournier Robles es antropóloga social, administradora de empresas, con maestría en Gerencia Social, activista social y político, exdirectora ejecutiva del Instituto de Desarrollo y Responsabilidad Social Atusparia-Chimbote, directora del proyecto turístico y ecológico “Rescatur”.

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