LA COLUMNA DEL DÍA | La incógnita boliviana (1/2)
Creado el Jueves, 21 de Noviembre del 2019 08:27:22 pm
Cuando Evo Morales postuló por cuarta ocasión a la presidencia de Bolivia, había excedido por mucho el límite de la democracia y ostentaba un cargo que no le pertenecía. Luego de haber culminado los periodos 2006-2010 y 2010-2015, correspondía ceder el poder a quien posteriormente debía congregar la voluntad popular bajo el respeto de las reglas democráticas.
Se cree que el expresidente boliviano es cuestionado recién ahora por su intento de re-re-reelección el mes pasado. Falso. Antes de ello ya existían registros para desconfiar del carácter democrático de su régimen.
Recordemos que, para la fecha de su tercer mandato, ya había hecho uso de una “interpretación auténtica” (tal como lo hiciera Alberto Fujimori) de la Constitución (artículo 168) para permanecer en el poder, aunque no fue sino él mismo quien la modificó en el 2008. Seguidamente, desconoció un referéndum constitucional que le impedía, por voluntad popular, reelegirse nuevamente. Por último, recurriendo a una interpretación amparada por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se intentaría definir que no habría límite de veces para acceder al poder mediante elección popular pues se vulnerarían los derechos políticos de cualquier ciudadano. Otra falsedad.
Aunque el artículo 23 del Pacto de San José refiere que las personas deben gozar del ejercicio de sus derechos políticos, resultaría inverosímil pensar que bajo dicha premisa no deba tomarse en cuenta el número de veces que dispone la Constitución de un Estado. Si damos por cierta la lógica del Tribunal de Bolivia, Sebastián Piñera o Martín Vizcarra podrían postular cuantas veces quisieran. Por lo mismo, estarían violando automáticamente la suscripción de dicha Convención.
La naturaleza de la calidad del régimen de Evo poco a poco fue perdiendo legitimidad no solo por la forma de haberse enquistado en el poder mediante argucias, sino también por haber utilizado instrumentalmente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), de mayoría oficialista, para sus propios objetivos políticos.
Por otro lado, la propia Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) había dado a conocer el uso de recursos públicos con propósitos proselitistas. Todo en buena cuenta solo empeoró cuando se comunicó un posible fraude electoral. Así pues, las amplias garantías democráticas que aparentemente guardaba el gobierno de Evo Morales en consonancia con la aprobación ciudadana, se fueron diluyendo en la costumbre de quien ambicioso por el poder se nubla y pierde la dirección.
A todas luces y bajo los hechos conocidos es razonable pensar que, abandonando las reglas democráticas, el gobierno de Morales fue autoritario. No existe pretexto alguno que consienta el ánimo de violar la Constitución, ni siquiera si este supone el fortalecimiento del desarrollo social y económico. La democracia es la suma de una serie de factores y no sencillamente —como se suele creer— del que concede la elección. Es necesario ciertos valores, instituciones sostenidas y una libre competencia (entre otras cosas). La crisis actual tiene como principal responsable a Evo Morales, aunque sus ramificaciones hayan alcanzado a otros actores.
Las otras razones atendibles de esta crisis recaen en la insubordinación de las fuerzas armadas, el papel de una derecha conservadora y su expectativa del cisma gubernamental, y la tardía participación de la OEA. Las mismas serán comentadas progresivamente en la siguiente publicación.
* Diego Mendoza Franco es ingeniero industrial, egresado del programa de gobernabilidad, gerencia política y gestión pública de la PUCP y el CAF, coordinador del Círculo de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos Aleph, promotor de los ODS por el Senado de Buenos Aires, parlamentario joven nacional y activista social.
