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LA COLUMNA DEL DÍA | Elecciones en el diván

“Por el momento, el proceso electoral apenas parece interesar a los propios candidatos y a unos cuantos más; es comprensible que la mayor atención de la población y de los medios esté centrada en la covid”, comenta hoy Pablo Rioja
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Estamos a dos meses de las elecciones presidenciales y congresales del proceso electoral más complejo que nos ha tocado enfrentar en nuestra historia republicana reciente, desde el retorno a la democracia en 1980.

Por el momento, el proceso electoral apenas parece interesar a los propios candidatos y a unos cuantos más; es comprensible que la mayor atención de la población y de los medios de comunicación esté centrada en la covid y sus fatales consecuencias en la salud y la economía.

Además, los candidatos en lista se encuentran limitados de realizar campañas políticas convencionales debido a la emergencia sanitaria, habiendo trasladado la comunicación de sus propuestas y el debate electoral principalmente a la internet, especialmente a las redes sociales.

La difícil situación sanitaria que atravesamos impide un normal desplazamiento de los candidatos, y la limitada cobertura a las campañas políticas por parte de los medios de comunicación convencional como la TV, radio y prensa escrita han dinamizado el cambio en la forma de hacer campaña política, apareciendo un sinnúmero de fórmulas y programas de corte político en la internet.

Al panorama descrito hay que sumarle algo mucho más importante y a la vez preocupante: la muy probable falta de vacunación masiva de la población votante para el 11 de abril, pues hasta el momento, para dicha fecha, solo se ha previsto la vacunación de los miembros de mesa, según el cronograma exhibido por el gobierno que preside Francisco Sagasti, que no se caracteriza precisamente por su exactitud en la información, ni en los plazos que ofrece.

Por otro lado, la organización del proceso electoral está a cargo de un organismo constitucionalmente autónomo como la ONPE, que, si bien ya publicó el protocolo de seguridad covid para el día de las elecciones y se ha preocupado en aumentar sustantivamente los centros de votación para evitar las aglomeraciones, ha mantenido la cantidad de sufragantes por mesa en 300 votantes, al igual que en las elecciones de enero de 2020. Considero que agrupar a 300 personas por mesa de sufragio es un error, porque la mayor cantidad de votantes por mesa causará inevitablemente colas y una mayor aglomeración en cada mesa de votación. Ojalá puedan revertir esta decisión porque aún hay tiempo de hacerlo y volver a 200 votantes por mesa de sufragio, como siempre había ocurrido.

Mientras la campaña política no toma viada, las cifras de la emergencia sanitaria se han disparado y son alarmantes, siendo muy probable que la próxima semana todo el país ingrese a un aislamiento social hasta finalizar febrero debido a la situación de riesgo extremo que alcanza a todo el territorio nacional. En tal contexto, las vacunas se han convertido en un actor relevante del proceso electoral, puesto que para la fase uno de vacunación se ha incluido a los miembros de mesa y deben ser vacunados con las dosis que llegarán antes de fin de mes, mientras que la mayor cantidad de masa votante ubicada en el rango etario entre 18 y 59 años tendremos que esperar a las vacunas que lleguen en algún momento del año, que definitivamente no será antes del 11 de abril, según información oficial del gobierno morado. 

La postergación de las elecciones no es una posibilidad, en razón al Art. 117 de la Constitución que ha establecido: “El presidente de la república sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales…”. Postergarlas implicaría una acusación constitucional contra el presidente de la república, que terminaría ocasionando su salida de la presidencia.

En las condiciones tan complejas que enfrentamos, es imperativo proponer algunas soluciones más cercanas a la realidad. Por ello, creo que sería necesario eliminar la multa y los castigos administrativos que implica ser omiso al voto, para aquellos que tomen la decisión de no asistir a votar por preferir cautelar su salud ante el temor de aglomeraciones y contagio de covid. Es un cambio excepcional que considero justo y necesario, más aún si el 2020 casi 6 millones de peruanos no fueron a votar, aun cuando estábamos en circunstancias normales, siendo muy probable que este año el ausentismo sea mayor. Asimismo, debería exonerarse de la obligación de votar a todo personal de salud, que tendría que enfrentar el absurdo dilema respecto a mantenerse atendiendo en los centros de salud o salir y perder valioso tiempo haciendo una cola en su centro de votación. 

Es lógico esperar que el 11 de abril el ausentismo sea alto y una multa a la golpeada economía sería impertinente e injusta. Ojalá las autoridades involucradas asuman la realidad que enfrentamos y, excepcionalmente, este 2021 ser omiso al voto no genere multa, ni ningún tipo de afectación. Finalmente, el voto siempre fue más un derecho que un deber.

* Pablo Rioja Cueva es abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, árbitro en contrataciones con el Estado y laboral. Tiene amplia experiencia en gestión pública y docencia universitaria. Fue regidor en la Municipalidad Provincial del Santa.

Foto referencial: Andina