LA COLUMNA DEL DÍA | Áncash es el Perú
Creado el Lunes, 14 de Diciembre del 2020 01:09:48 pm
Desde el año 2003 en que los mandatarios regionales empezaron a ser electos por el voto popular, todos los elegidos han afrontado mandatos de detención durante el ejercicio de su cargo. Juan Carlos Morillo no es la excepción y esta semana ingresó al penal de Huaraz.
Irónicamente, algunos mandatarios llegaron llevando la lucha contra la corrupción como bandera. Es el caso de César Alvarez, quien en su campaña electoral del 2006 anunció que castigaría en las plazas públicas a aquellos funcionarios o autoridades que incurrieran en corrupción; obviamente eso nunca ocurrió y la corrupción gobernó a sus anchas.
Luego de un mandato controvertido, en el que se mezclaron denuncias que iban desde corrupción hasta homicidio, el voto ancashino demostraba su proclividad hacia personajes cuestionados y le otorgaba un segundo mandato. Los millones del canon y el hábil manejo de gran parte de los medios de comunicación facilitaron esa reelección, que terminaría abruptamente por una orden de prisión preventiva debido a serias acusaciones de megacorrupción. Cayó Alvarez el 2014 y, con él, colaboradores de toda índole. Aprovechando que pasaron seis años, algunos exfuncionarios y allegados de su entorno se reciclaron y volvieron al Gobierno Regional de Áncash (GRA).
El 2015 llegaría Waldo Ríos, otro personaje cuestionado, arrastrando una condena por cohecho y receptación de la que no se había rehabilitado por incumplir el pago de la millonaria reparación civil que correspondía a su sentencia. El recibir dinero ilícitamente de Vladimiro Montesinos y otras perlas, no impidieron que el voto ancashino le otorgara el mandato regional y que luego escandalosamente un grupo de empresarios abonaran el efectivo para que el polémico Ríos pueda asumir el GRA. El 2016 fue sentenciado por la comisión de delitos en la Municipalidad Provincial de Huaraz y pasó del Campamento Vichay al penal. Fue reemplazado por Enrique Vargas, su vicegobernador, quien apenas estuvo siete meses y el 2017 dejó el GRA por una sentencia condenatoria. Curiosamente se fueron el gobernador y vicegobernador, pero varios exfuncionarios y allegados se quedaron, en una versión ancashina de “a rey muerto, rey puesto”.
El 2019 llegó Juan Carlos Morillo al GRA y, con él, Somos Perú. Nuevamente los serios cuestionamientos no importaron y el votante ancashino, encandilado por una millonaria campaña electoral, le dio la victoria. Para ganar, guardó silencio respecto al financiamiento de su campaña y también sobre delicadas acusaciones en su contra. Recién a mediados del 2019 se hizo público un informe de la ONPE en el que se daba cuenta que los aportes a la campaña de Morillo provenían en gran medida de su entorno familiar y aparentemente se quedaban cortos frente a los gastos de campaña, pero eso ya no era relevante; era el mandamás ancashino y eso era lo que importaba.
El 2020 nos trajo una inesperada fatalidad, la pandemia del covid. Era el momento en que las autoridades debían mostrar tres cualidades esenciales: humanismo, honestidad y eficiencia. Morillo decidió lo contrario, nos mostró otro capítulo típico de las autoridades ancashinas, en el que aquello que está al margen de la ley se impone, no solo a la ley, sino al sentido común. En el peor momento de la pandemia escogió ser noticia nacional por la irregular contratación, construcción y equipamiento de un ambiente en el Hospital Regional EGB de Nuevo Chimbote. Por ello, ahora él, sus funcionarios y una empresaria afrontan una medida de prisión preventiva.
Lamentablemente Áncash se ha convertido en el mayor reflejo de esa crisis de corrupción que azota a nuestro país y sintetiza al Perú, tanto que si comparamos al gobernador regional con el presidente de la república, veremos el mismo escenario, con investigaciones, detenciones y vacancias. El Consejo Regional es tan cuestionable y prebendario como el Congreso de la República; los funcionarios regionales contratan a muchos Richard Swing, tan igual que los funcionarios ministeriales, y los órganos de control son débiles, en ambos casos.
Los políticos cuestionados y funcionarios mediocres se reciclan, pasando de funcionarios a políticos y viceversa, de un partido a otro sin ruborizarse. Los escándalos se tapan con cortinas de humo que siempre aparecerán en medios de medios de comunicación de dudosa independencia. Sin olvidarnos de aquellos que nunca son candidatos, pero siempre gobiernan, ese entono que invariablemente estará con el poder de turno, sea en Campamento Vichay o en Palacio de Gobierno.
Por eso, Áncash es el Perú, como un triste resumen de ese cáncer llamado corrupción. Sin embargo, la solución está literalmente en nuestras manos. Votemos bien para evitar otro capítulo de detenciones y vacancias. Asumamos la responsabilidad cívica de nuestros errores y elijamos bien, para que Áncash y el Perú tengan una sana transformación democrática con autoridades honestas y a la altura de sus responsabilidades.
* Pablo Rioja Cueva es abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, árbitro en contrataciones con el Estado y laboral. Tiene amplia experiencia en gestión pública y docencia universitaria. Fue regidor en la Municipalidad Provincial del Santa.
Foto: Edición RSD Noticias
