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LA COLUMNA DEL DÍA | Agua es vida

Si tomamos en cuenta que el 44.9 % de nuestro territorio ancashino esta concesionado para actividades mineras, es preciso diseñar medidas para asegurar el adecuado uso del agua, señala la antropóloga social Karla Fournier

Hace unos días el colapso de la ex unidad minera Pushaquilca, cuyos vertimientos fueron a parar a la laguna Pelagatos vertiente del río Santa, produjo gran preocupación, no solo en la población aledaña, sino también en los agricultores cuyos cultivos son irrigados con estas aguas y en la población neochimbotana que utiliza para el consumo humano aguas provenientes de estas vertientes. En los últimos meses las autoridades del distrito de Pampas ya venían alertando sobre el peligro latente que significaban estos pasivos ambientales al Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio del Ambiente ya había transferido desde el 2018 S/ 58.7 millones para la ejecución del Plan de Cierre de Pasivos Mineros Ambientales de Pushaquilca. Sin embargo, no se tomaron las medidas preventivas, por ello este hecho pone en cuestión la capacidad de las instituciones para asegurar un buen manejo de los impactos ambientales de las empresas extractivas. 

Las instalaciones mineras abandonadas poseen sustancias peligrosas y metales pesados con potenciales agentes cancerígenos que afectarían a nuestra población, es preciso se fiscalice el cumplimiento de los cierres y las acciones de remediación como la limpieza, neutralización aislamiento y desmontaje de áreas afectadas por antiguas operaciones mineras. 

Si tomamos en cuenta que el 44.9 % de nuestro territorio ancashino esta concesionado para actividades mineras, es preciso a mediano y largo plazo diseñar medidas para asegurar el adecuado uso del agua y que los impactos de estas actividades no afecten la calidad de la misma. Nuestra región tiene un gran potencial agrícola y turístico es necesario se hagan los esfuerzos para realizar un plan de ordenamiento territorial que permita evitar conflictos sociales por el agua y que brinde solución a las superposiciones que se vienen observando entre las áreas concesionadas y las zonas intangibles en nuestra región.

Según reporte de la Defensoría del Pueblo Áncash es la región que registra un mayor número de conflictos sociales la mayoría de ellos de carácter socio ambiental. El estado en muchas ocasiones ha sido poco eficiente para prevenir estos conflictos, los EIA muestras grandes falencias, un claro ejemplo es lo ocurrido en el distrito de Jangas Huaraz por la desaparición de un manantial producto de las operaciones de la minera Barrick, quienes no querían asumir las compensaciones por los pasivos ambientales pues aseguraban que la desaparición de ese manantial estaba incluida en el Estudio de Impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Energía y minas, una muestra de los flexibles que pueden resultar estos instrumentos y los problemas que se pueden generar una vez que los proyectos comienzan a operar. 

En los próximos días las entidades competentes darán los informes sobre los exámenes que han venido realizando posterior al vertimiento de relaves de la ex unidad minera Pushaquilca, mientras tanto la OEFA ya ha dictado medidas administrativas a la empresa Activos Mineros SAC, la que tiene a su cargo la ejecución del cierre de pasivos mineros en esta zona. Es preciso que autoridades y sociedad civil se mantengan vigilantes al cumplimiento de estas acciones y se ejecuten las sanciones respectivas. A mediano y largo plazo la vigilancia ciudadana cumplirá un rol fundamental para paliar los efectos de los daños medioambientales de la actividad minera en nuestra región. 

* Karla Fournier Robles es antropóloga social, administradora de empresas, con maestría en Gerencia Social, activista social y político, exdirectora ejecutiva del Instituto de Desarrollo y Responsabilidad Social Atusparia-Chimbote, directora del proyecto turístico y ecológico “Rescatur”. 

Foto referencial: Prensa Regional